Supremo de Brasil aplaza decisión sobre alegación final de acusados

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El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil declinó decidir sobre la tesis que reconoce el derecho de acusados de exponer en último lugar en casos penales, lo cual podría anular condenas de la operación Lava Jato.

Según el sitio digital Jota, la razón oficial del aplazamiento, pues la sesión estaba programada para este jueves, es la ausencia de uno de los ministros. De esta forma la corte gana tiempo frente a una de sus decisiones más importantes en los últimos años.

La determinación final del STF podría, como resultado, abolir decenas de juicios de la Lava Jato, incluido el del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Al menos la conclusión tendría un impacto en el caso del sitio de Atibaia, en cuyo expediente la defensa del exdirigente obrero también buscó en primera instancia que Lula se pronunciara después de haber sido blanco del delator sin tener pruebas.

En la próxima audiencia, aún si definir, los ministros deben votar sobre el contenido de la tesis que servirá como parámetro para todos los procesos penales en curso en el país.

Los jueces deben decidir si la decisión se aplicará solo en los casos en que haya habido un laudo aprobado por el tribunal y en los casos en que los abogados hayan apelado en los juzgados antes de llegar al STF.

Según los fiscales de Lava Jato, dependiendo de los términos que aplique el STF, su decisión podría derivar en ‘la anulación de 32 sentencias que implican a 143 de los 162 condenados’ en la operación.

Tal debate tuvo su impulso por una decisión adoptada en agosto por la segunda sala del STF que revocó una condena impuesta al expresidente de la estatal empresa Petrobras Aldemir Bendini, penado por corrupción.

La segunda clase del Supremo votó a favor de la abolición de la sentencia del exjuez y ministro de Justicia, Sérgio Moro, emitida el año pasado contra el exfuncionario como parte de la Lava Jato.

Moro había sentenciado a Bendine a prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, al recibir millonarios sobornos de Odebrecht.

Los ministros argumentaron que las defensas presentaron sus alegatos finales dentro del mismo plazo, sin distinguir entre los acusados colaboradores (los que tienen acuerdos de delación premiada) y el resto de los inculpados.

Ante esta fisura jurídica, la defensa de Lula, quien cumple prisión política desde el 7 de abril de 2018, presentó un habeas corpus ante el STF e invocó que el fundador del Partido de los Trabajadores sufrió las mismas limitaciones a su derecho de defensa por las que la corte superior derogó la condena impuesta a Bendini.