Angola comunica a UE repudio a injerencias en asuntos internos

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activistas-angolaEl gobierno de Angola comunicó a representantes de la Unión Europea (UE) acreditados en esta capital su repudio a nuevas injerencias en asuntos internos del país, se conoció hoy aquí.

Tal rechazo afloró a propósito de reacciones internacionales ante la sentencia dictada esta semana por el Tribunal Provincial de Luanda contra 17 acusados de rebelión.

En nombre del Ejecutivo angoleño, el secretario de Estado de Relaciones Exteriores, Manuel Augusto, reveló que el embajador de la UE, Gordon Kricke, fue llamado para que explicara la posición común asumida por diplomáticos de ese continente ante el fallo de la corte.

Los embajadores europeos afirman en un mensaje que el escenario en la conducción del juicio «suscitaba reservas en cuanto al respeto de las garantías procesales y el principio de proporcionalidad».

Al respecto, Augusto consideró que no resulta normal ese comportamiento y el «Ministerio de Relaciones Exteriores no fue previamente contactado por la delegación de la UE sobre la divulgación de esa declaración», la cual trajo como resultado esta «conversación de esclarecimiento».

Según el funcionario angoleño, un «profundo descontento» se le manifestó a Kricke por aquello que se considera «una actitud al menos inamistosa».

De igual manera se le advirtió que en Angola existe «separación de poderes» y los «tribunales son independientes en la aplicación de justicia», tal como en Europa.

La declaración representa una clara violación de las normas en las relaciones internacionales, incluida la Convención de Viena sobre nexos diplomáticos y consulares.

«Se traduce también en una clara injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano», subrayó Augusto.

Con penas que van de cuatro a ocho años y seis meses de prisión, el Tribunal dictó sentencia contra los 17 acusados de actos preparatorios de rebelión, asociación ilegal y atentar contra órganos de soberanía en Angola.

De acuerdo con la Fiscalía, los sancionados, detenidos el 20 de junio de 2015, pretendían «movilizar a la población de Luanda para una insurrección de desobediencia civil colectiva, mediante la colocación de barricadas en las principales calles de la capital y la quema de neumáticos en lugares con la mayor afluencia de extranjeros».

El proceso superó ampliamente los plazos marcados por la corte, que estableció una semana de interrogatorios desde el comienzo del juicio el 16 de noviembre.