Reclaman en Sudáfrica renuncia de Protectora Pública

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Grupos en Sudáfrica reclamaron la renuncia de la protectora pública, Busisiwe Mkhwebane, luego que la Corte Constitucional desestimó la víspera su apelación encaminada a anular un dictamen del Tribunal Supremo.

Esa alta instancia judicial confirmó que Mkhwebane deberá asumir personalmente el 15 por ciento de los gastos del proceso judicial que promovió en contra de Bankorp, antecesor del banco Absa, y además consideró que la funcionaria había actuado de mala fe y presentado pruebas falsas en ese caso.

Mkhwebane se encuentra en el centro de atención en los últimos días por haber acusado al presidente Cyril Ramaphosa de violar el Código de Ética del Ejecutivo.

Abogados del grupo Responsabilidad Ahora dijeron que si Mkhwebane no presenta su dimisión deberá ser acusada de cometer delitos en el desempeño de sus funciones, ya que la Corte Constitucional determinó que había actuado de mala fe y mentido en el caso de Absa-Bankorp.

A juicio de expertos, si la funcionaria no renuncia podría recibir un voto de no confianza del parlamento, enfrentar cargos por parte del Consejo de Práctica Legal o ser acusada formalmente ante la administración de justicia criminal de la administración por mentir.

El rechazo ayer de la Corte Constitucional de la apelación de Mkhwebane significa que tendrá que desembolsar miles de dólares para cumplir ese dictamen.

El viernes, la Protector Pública dijo a la prensa que el presidente Ramaphosa engañó deliberadamente al Parlamento Nacional acerca de una donación de unos 36 mil dólares en su campaña para liderar el Congreso Nacional Africano (ANC) en 2017.

En conferencia de prensa el domingo, el mandatario anunció que llevará a consideración de los tribunales el reporte divulgado por el Protectorado Público en el que se le acusa de haber violado la ética del ejecutivo, por contener ‘fallas fundamentales e irremediables’.

Ramaphosa precisó que luego de estudiar el documento llegó a la conclusión de que ese informe refleja inexactitudes de hecho y de naturaleza material, y que sus hallazgos son erróneos, irracionales y en ocasiones exceden el alcance de los poderes del Protectorado Público.

Otro caso en que está involucrada Mkhwebane es en contra del ministro de Empresas Públicas, Pravin Gordhan, a quien acusó de deshonesto al crear un departamento en el organismo de Rentas de Sudáfrica durante la dirección de ese organismo (1999-2009).

Según lo anunciado, ambos acudirán hoy ante los tribunales para dilucidar las denuncias de la Protectora contra el Ministro, un político de larga trayectoria que ocupó entre otras la cartera de Finanzas y de Gobernanza y Asuntos Tradicionales desde la llegada de la democracia a Sudáfrica en 1994.