Venezuela refuerza programas sociales frente a bloqueo de EE.UU.

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Por Elizabeth Borrego Rodriguez

El Gobierno de Venezuela refuerza los programas sociales como parte del plan especial de atención a víctimas de la guerra económica, precisó el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe.

La adopción de medidas para proteger al pueblo del bloqueo de Estados Unidos resulta indispensable para el modelo de la Revolución bolivariana, añadió a Prensa Latina el también diplomático.

El presidente Nicolás Maduro anunció esta iniciativa con el objetivo de preservar las conquistas sociales del proyecto iniciado por Hugo Chávez, que consiguió indicadores de los más elevados en la historia del país, dijo.

De acuerdo con el experto en Derechos Humanos, el plan prevé conseguir más eficiencia en las políticas trazadas, hacer un mejor uso de recursos para llegar a personas en situación de vulnerabilidad, adultos mayores y niños, sectores que la doctrina internacional reconoce como los más afectados por el bloqueo.

Las medidas coercitivas no van contra una persona en específico, añadió Devoe, sino contra el modelo que significa la Revolución Bolivariana como ejemplo para otros procesos políticos en este continente y en el mundo.

‘Una acción importante es recurrir a todos los foros, la opinión pública nacional e internacional para denunciar el impacto sobre el pueblo venezolano, pero no podemos quedarnos solo en la denuncia, también debemos tomar directivas para proteger a nuestra sociedad’, remarcó.

Según cifras oficiales, las sanciones aplicadas por Estados Unidos reportan pérdidas por más de 24 mil 258 millones de dólares a Venezuela, mecanismos que castigan y penalizan la actividad financiera del país.

Estos instrumentos, en particular contra industria petrolera, encargada de aportar el 95 por ciento de las divisas, limitan la calidad de vida de la población venezolana, pese a las reiteradas denuncias del Ejecutivo y organismos de Derechos Humanos.

Desde 2014 hasta abril de este año la Casa Blanca aprobó una ley, seis decretos ejecutivos y otras 150 medidas para sancionar el intercambio del país mediante el bloqueo y confiscación de activos, la prohibición de negociar la deuda externa, así como las trabas al comercio de crudo, oro y criptomonedas.