Tras negar acusaciones, exministro angoleño vuelve a interrogatorio

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El exministro de Transporte angoleño Augusto Tomás vuelve a la Sala Penal del Tribunal Supremo para interrogatorio y tras negar las acusaciones de desvío de cifras millonarias.

Tomás y otras cuatro personas son encartadas por peculado y otros delitos en el caso conocido como Consejo Nacional de Cargadores (CNC), un organismo adscrito al Ministerio de Transporte.

En su cuarto día, el juicio se concentrará en las preguntas a Augusto, el principal encartado, y en caso de que se agoten las preguntas del jurado, se pasará a las del Ministerio Público y de los abogados.

El extitular fue acusado de defraudar al Estado por mil millones de kwanzas (unos tres millones de dólares al cambio oficial), 40 millones de dólares y 13 millones de euros.

Igualmente, negó la orientación al Consejo para la compra de participaciones en empresas privadas para beneficio propio, una operación con la que supuestamente perjudicó al Estado por otros 26 millones de la divisa estadounidense.

El jurado aclaró al acusado que los tribunales Supremo y Constitucional no reconocieron su condición de diputado electo, pues al momento de su encarcelamiento preventivo (en septiembre de 2018) tenía el mandato suspendido por ejercer un cargo público.

Para las sesiones están previstas las intervenciones de 14 testigos y 31 declarantes, incluido el actual ministro de Transporte Ricardo de Abreu.

Tomás dijo que la compra de acciones en empresas públicas buscaba la implementación de la política de diversificación en el sector del transporte, aunque sus fondos nunca regresaron a los cofres públicos.

Igualmente, responsabilizó al Ministerio de Finanzas por no haber nominado el Consejo Fiscal del CNC, uno de los hechos en los que la acusación basa la oportunidad de retirar grandes sumas sin la debida contrapartida.

Indicó que en los 10 años que dirigió el ministerio (2008-2018) participó en 200 inauguraciones de aeropuertos, ferrocarriles, puertos, que no hubieran sido posible sin sus constantes movimientos en aviones, y los consiguientes pagos de fletes aéreos.

De los fondos desviados del Consejo se beneficiaron empresas como ASGM, propiedad de la diputada de la Asamblea Nacional Welwitchia dos Santos (hija del exmandatario José Eduardo dos Santos) y del presidente de la Fundación Eduardo dos Santos (FESA), Ismael Diogo.

La referida compañía se dedica al montaje de ómnibus y recibió al menos nueve millones de dólares.

El reo fue encartado por peculado de carácter continuado, violación de normas de ejecución del plan y presupuesto de forma continuada, abuso de poder de forma continuada, participación económica en negocio ilícito, blanqueamiento de capitales y asociación criminal.

Tomás fue exonerado del cargo en junio del año pasado en torno a una polémica por el anuncio de una empresa público-privada para la constitución de una compañía aérea.

El propio presidente Joao Lourenzo dijo que la empresa no iría, porque era una ficción.

Además se encuentran acusados Isabel Cristina Gustavo Ferreira de Ceita Braganza y Rui Manuel Moita, ex directores generales adjuntos para las Finanzas y para el Área Técnica del CNC, respectivamente.

Igualmente están enrolados el ex director general del CNC Manuel Antonio Paulo y Eurico Alexandre Pereira da Silva, antiguo director adjunto para la Administración y Finanzas.