Parlamento sudafricano discutirá posible despido Protectora Pública

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El comité parlamentario de Sudáfrica encargado de asuntos de Justicia y Servicios Correccionales se prepara para analizar una solicitud encaminada a despedir a Busiwe Mkhwabane como Protectora Pública.

De acuerdo con los detalles brindados desde la sede en Ciudad del Cabo del máximo órgano legislativo, este comité se reunirá mañana con la intención de discutir el pedido del jefe de la bancada del opositor partido Alianza Democrática, John Steenguisen, para separarla de ese cargo.

Por su parte, la presidenta del Parlamento, Thandi Modise, pidió al presidente de ese grupo legislativo, Bulelani Magwanishe, acelarar el proceso establecido para determinar si Mhkwabane mantiene la capacidad para mantenerse como Protectora Pública, en momentos en que se le critica por actuar de manera errática.

En un encuentro con el grupo parlamentario encargado del programa del órgano legislativo, Modise expresó la necesidad de poner en claro el asunto, que figura entre sus prioridades.

El análisis en el órgano legislativo ocurre en medio de reclamos de varios sectores para que Mkhwabane sea separada del cargo debido a lo que se ha considerado poca capacidad y profesionalidad al frente de esa oficina.

La Protectora denunció en julio pasado al presidente Cyril Ramaphosa de mentir al Parlamento al no informar sobre un donativo recibido a fines de 2017 durante su campaña por el liderazgo del gobernante Congreso Nacional Africano (ANC) y acusó al ministro de Empresas Públicas, Pravin Gordhan de crear un organismo fantasma cuando dirigió la Agencia de Rentas (1999-2009).

Ambas acusaciones fueron rechazadas y llevadas ante los tribunales en busca de una opinión imparcial que juzgue la posición de la Protectora Pública, luego que Ramaphosa calificó el reporte en el que se le acusa de ‘inexactitudes de hecho y de naturaleza material’ y de ‘hallazgos erróneos, irracionales y que en ocasiones exceden el alcance de los poderes de ese organismo’.

Ramaphosa, además, respaldó un reclamo presentado ante las cortes por el ministro Gordhan para posponer las sanciones disciplinarias recomendadas por Mkhwabana, lo cual recibió el beneplácito del tribunal.

En otro caso en que está involucrada, la Protectora Pública fue obligada por la Corte Constitucional a asumir el 15 por ciento de los gastos provocados por una denuncia que tramitó contra Bankrop, antecesor del banco Absa, al considerar que mintió y presentó pruebas falsas en ese proceso judicial.