Italia dividida sobre modificación de ley de ciudadanía, según sondeo

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El otorgamiento de la ciudadanía a descendientes de inmigrantes es un tema que divide a la sociedad italiana en partes casi iguales, según los resultados de una encuesta publicados hoy aquí.

El estudio de la firma Ipsos para el diario Corriere della Sera señala que 48 por ciento de los entrevistados se pronunció a favor y 47 en contra, de conceder la ciudadanía a hijos de inmigrantes nacidos en Italia, en casos en los cuales al menos uno de los progenitores tenga un permiso de estancia permanente en el país.

Si bien las respuestas afirmativas mostraron un crecimiento respecto al 45 por ciento registrado en marzo de 2019 y el 44 por ciento de junio de 2017, están muy distantes del 71 por ciento existente en mayo de 2011, previo al aumento del flujo migratorio irregular procedente de Libia.

El principal respaldo a una apertura se concentra en las filas del gobernante Partido Democrático (PD), con el 80 por ciento y el Movimiento 5 Estrellas (M5E), con 53, en tanto la mayor oposición se agrupa en los partidos de derecha la Liga, 70 por ciento, Hermanos de Italia y Fuerza Italia, ambos con 68.

Este tema retornó a la agenda política italiana hace unos días de la mano del secretario del PD, Nicola Zingaretti, quien propuso aprobar una ley sobre esa materia, iniciativa rechazada por el líder del M5E, Luigi Di Maio, quien consideró hay asuntos más urgentes a los cuales prestar atención ahora.

En tal sentido, según los resultados de la encuesta presentados por el administrador delegado de Ipsos-Italia, Nando Pagnoncelli, el 56 por ciento de los encuestados apoyó la postura de Di Maio y sólo el 27 por ciento la de Zingaretti.

La propuesta de modificar de la ley de ciudadanía para otorgar ese derecho a los hijos de inmigrantes, bajo ciertas condiciones, impulsada por el PD y Libres e Iguales, fracasó en el Senado en diciembre de 2017 ante la falta de consenso y la férrea oposición de la derecha.

En una maniobra obstruccionista, los opositores presentaron unas 50 mil enmiendas al texto aprobado por la Cámara de Diputados en octubre de 2015, lo cual obligaba al gobierno a recurrir al voto de confianza para lograr el visto bueno en tiempo breve.

Sin embargo, para la aplicación de ese instrumento cuya función, además de acortar el procedimiento es obligar a los legisladores de la mayoría a votar a favor de la iniciativa, el ejecutivo carecía del respaldo de todas las fuerzas del bloque sobre el cual descansa su estabilidad.

En esas circunstancias, la táctica escogida por quienes se opusieron a la modificación de la ley fue ausentarse, para impedir el quórum necesario para la discusión en el plenario, donde permanecieron 116 de los 149 senadores necesarios para validar el debate, entre ellos sólo 60 de los 89 pertenecientes al PD.

En marzo de 2018 cambió el gobierno y durante el mandato del ejecutivo formado por la coalición del M5E y la Liga, entre junio de ese año y agosto del presente, no se habló más del asunto.