Exsenadora colombiana señala montajes hechos para desprestigiarla

0
49

El principal delito del (extinto) Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en mi contra no fueron las chuzadas (seguimientos e interceptaciones ilegales), que son graves, sino los montajes que hicieron para desprestigiarme, afirmó hoy la exsenadora colombiana Piedad Córdoba.

Dicha afirmación fue emitida después de conocerse que un juez de Bogotá condenó a la Nación al considerar que desde el DAS se promovió la publicación de información de desprestigio para relacionarla con un grupo al margen de la Ley. Hubo una violación de su ‘intimidad, honra y buen nombre’, refiere la decisión.

Hay personas que me odian que ignoran que fueron manipuladas y usadas para hacerlo. Gracias por los mensajes de apoyo, gracias a la justicia, pero sobre todo gracias a aquellas personas que en los momentos más difíciles estuvieron conmigo, escribió Córdoba en su cuenta en Twitter.

Asimismo, apuntó que la mencionada entidad participó en el asesinato de personalidades como el líder político Manuel Cepeda y de centenares de líderes sociales. ‘Fue una empresa criminal pagada con recursos públicos. El DAS fue la Gestapo colombiana, nuestra mayor vergüenza como Estado’.

A juicio del jurista, referido por la revista local Semana, se montó todo un andamiaje con el propósito de ‘desprestigiar la honra y el buen nombre’ de Córdoba que derivó en que iniciara una investigación penal de oficio en su contra.

La opinión pública se ‘vio moldeada por esa estructura criminal’ de tal modo que sobre la excongresista llovieron toda serie de insultos y amenazas. Los derechos fundamentales de la exsenadora a la intimidad, honra y buen nombre fueron violados y ello afectó su calidad de vida, su integridad y la de su familia, generándole intranquilidad, angustia y perturbación.

El juez encontró probado que del año 2005 al año 2008 se realizaron actividades de inteligencia, interceptación y monitoreo de correos electrónicos, así como registros de telefonía celular, reporte de datos financieros, infiltración al esquema de protección brindado por la excongresista por el Estado.

‘Toda vertiente política tiene el legítimo derecho de buscar la conquista del poder político a través de las urnas, a lo que solamente se pueden oponer los que detentan el poder mediante el ejercicio legítimo de la actividad política, pero nunca mediante el empleo de la inteligencia y la contrainteligencia para atacar el buen nombre de aquellos que son potenciales merecedores del favor popular’, remarcó.

Por perjuicios materiales, la violación de sus derechos fundamentales y el daño sicológico, la exsenadora recibirá 300 salarios mínimos (unos 240 millones de pesos, alrededor de 80 mil dólares).

Sus hijos, su madre y su esposo también serán indemnizados con 170 salarios mínimos (aproximadamente 192 millones de pesos) por perjuicios materiales y daño sicológico. La justicia también ordenó indemnizar al padre de sus hijos y a sus hermanos.

El juez ordenó también que en menos de 30 días por medio de un acto público el DAS, representado actualmente por la Fiduprevisora, deberán ofrecer disculpas públicas por los daños provocados.