Denuncian agudización de conflicto armado en departamento de Colombia

0
184

La Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, en Colombia, denunció la agudización del conflicto armado en ese departamento, en medio de la crisis existente hoy por la pandemia de la Covid-19.

Tal situación provocó el desplazamiento de líderes sociales y de familias, y el aumento de amenazas y hostigamiento.

Se han profundizado las vulneraciones a los derechos humanos para la población caucana, ‘pero, especialmente para las comunidades menos favorecidas, especialmente las rurales’, según el comunicado, citado por el medio local Contagio Radio.

La Red llamó a las autoridades departamentales y nacionales a tomar medidas frente al desplazamiento forzado de las familias.

En un contexto de persistente violencia en el país, la ONU se pronunció recientemente por adoptar medidas para poner fin a los asesinatos de líderes sociales, defensores de los derechos humanos y excombatientes.

Así lo refirió el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en su más reciente Informe trimestral al Consejo de Seguridad sobre la Misión de Verificación de la ONU en este país, que cubre del 27 de diciembre 2019 al 26 de marzo último.

Guterres señaló como la principal prioridad para el 2020 la adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a los asesinatos de líderes sociales, defensores de los derechos humanos y excombatientes en proceso de reincorporación a la vida civil.

El informe puuntualizó que entre aquellas fechas la Misión verificó 16 asesinatos de exguerrilleros, con lo que la cifra total asciende a 190 desde la firma en 2016 del Acuerdo de Paz entre el Estado y la otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

Aproximadamente el 73 por ciento de lo asesinatos de excombatientes se produjeron en zonas rurales caracterizadas por una presencia limitada del Estado, pobreza, economías ilícitas y la presencia de organizaciones criminales, precisó.

El reporte también destacó que, del 1 de enero al 24 de marzo de este año, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió 56 denuncias de asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos, seis de los cuales fueron verificados.

El secretario general llamó a fortalecer los mecanismos previstos en el Acuerdo para garantizar la seguridad y protección de esas personas y sus comunidades.