Angola dicta sentencia, ¿habrá condenados?

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Por Roberto Hernández Solano

Angola amanece a la expectativa por la anunciada sentencia del caso conocido como estafa tailandesa, uno de los más mediáticos en la lista de procesos judiciales en marcha en el país, que aún adolece de condenados.

Para muchos ya comienza a ser sintomático que la fiscalía y las autoridades judiciales lleven desde hace meses varios procesos, sin que hasta el momento nada tenga una condena firme por corrupción, una de las banderas del Gobierno del presidente Joao Lourenzo desde antes de asumir su mandato, en septiembre de 2017.

De hecho, este de la estafa tailandesa -mediante la cual supuestamente se intentaba afectar al Estado por 50 mil millones de dólares- el principal encartado (por su peso en el país) podría salir absuelto a pedido de la Procuraduría General de la República.

Se trata de Norberto García, el exmiembro del Buró Político del gobernante Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA), encartado en el juicio.

Durante el alegato final de los abogados y de los fiscales se pidió la absolución de García, en su condición de exdirector de la ahora extinta Unidad Técnica para la Inversión Privada.

Estaba acusado de corrupción, blanqueo de capitales, asociación para delinquir, falsificación de documentos y de auxilio a la inmigración ilegal, esta última por haber pedido al Servicio de Migración y Extranjeros (SME) documentos para cuatro tailandeses (los que pretendían invertir en Angola un dinero inexistente) que se encontraban fuera de la ley.

Pero de golpe y porrazo todas las acusaciones desaparecieron, pudiera regresar a la libertad tras permanecer en prisión domiciliaria desde septiembre pasado y hasta demandar al Estado por daños y prejuicios.

García, además con guion de culebrón de quinta categoría, dijo que fue siempre un abanderado contra la corrupción, y por ello fue que el anterior mandatario José Eduardo dos Santos lo llamó para el cargo.

Resulta que después de dos años y medio en el puesto y casi seis meses más después de su exoneración recordó que en el mandato de su antecesor se vendían las licencias de inversionistas extranjeros por 250 mil a 500 mil dólares.

Para activistas sociales como Luaty Beirao, quien envió una carta abierta a Lourenzo, se trata de puro teatro, pues en su opinión se reconoce que la ‘corrupción está por todas partes pero no hay corruptos’.

A través del humor medios de prensa, como el Novo Jornal, utilizan la caricatura para referirse a la situación:’muchos investigados, muchos exonerados y muchos acusados’.

VUELTA A CASO ESTAFA TAILANDESA 

Tras casi tres meses de sesiones en una sala del Tribunal Supremo, el juicio contra 11 acusados -uno de ellos prófugo- tendrá este martes su desenlace. Fueron necesarias más de 30 jornadas de estrado por el que desfilaron 38 testigos, algunos de ellos altos cargos del Gobierno como el director del SME, Gil Famoso da Silva.

En las conclusiones también se retiró la acusación a la decena de señalados por el intento de defraudar al Estado por 50 mil millones de dólares, aunque este elemento forma parte de los 106 cuestionamientos leídos la semana pasada por el tribunal y que recibirán argumentaciones antes de dictar sentencia.

Los argumentos resultan toda una novedad, porque habitualmente los jueces a cada elemento lo califican como probado, parcialmente probado o no probado.

En tanto, los fiscales pidieron al jurado condenar al general Arsenio Manuel (gestor del proyecto de construcción Ondjango Yetu de las Fuerzas Armadas Angoleñas) por el delito de tráfico de influencias, por haber enviado al jefe de Estado una carta para pedir la aceleración de los trámites de la propuesta para la inversión tailandesa.

Sin embargo, lo libró de falsificación de documentos, auxilio a la inmigración ilegal y tentativa de estafa frustrada.

El caso se destapó en noviembre de 2017 cuando el Servicio de Investigación Criminal detuvo a seis extranjeros, los tailandeses Raveeroj Ritchoteanan, presidente de la empresa Centennial Energy Company Limited, su esposa Monthita Pribwai, Manin Wanitchanon y Theeara Buapeng; el canadiense Andre Louis Roy y el eritreo Million Isaac Haille. El camerunés Pierre René se encuentra prófugo.

A Roy, un ingeniero civil, se le mantiene la acusación por asociación criminal.

En tanto, a Haille se le retiraron las acusaciones por ser uno de los ofendidos.

A la angoleña Celeste de Brito se le mantuvo la acusación por falsificación de documentos, por considerar que es la autora de una carta con la firma apócrifa del vicepresidente Bornito de Sousa en la que se invitaba a los tailandeses invertir en el país.

Además, está encartado el expolicía angoleño Christian Albano de Lemos, quien al parecer facilitó a los extranjeros algunas visitas a instituciones públicas.

Mientras se espera por las sentencias del juez-presidente de la causa, Domingos Mesquita, persiste la pregunta:¿habrá condenados?