Acuerdo con guerrilla colombiana camino a su implementación

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Por Adalys Pilar Mireles
Con la aprobación del mecanismo de fast track o vía expedita, el proceso para afianzar e implementar el acuerdo de paz con las FARC-EP avanza en el Congreso colombiano a un ritmo considerado aquí vertiginoso.

El mismo día que la Corte Constitucional avaló ese método para tramitar y expedir las normas y reformas requeridas en esta etapa, el Gobierno presentó al máximo órgano legislativo el proyecto de ley de amnistía, que será debatido el venidero lunes.

Desde ese momento el país parece funcionar en modo de fast track (procedimiento abreviado), tanto que lo ocurrido durante la mañana en el Capitolio al mediodía es periódico de ayer, comentó la Revista Semana.

Este viernes el Ejecutivo radicará ante el Parlamento otras iniciativas del paquete concebido para ejecutar el reciente pacto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

Entre ellas mencionó una encaminada a facilitar la creación del partido que aglutinará a los ahora combatientes en proceso de desmovilización, una vez concluido el desarme.

El ministro del interior, Juan Fernando Cristo, adelantó que propondrán una reforma a fin de garantizar la participación de voceros de ese movimiento en los debates previstos dentro del Senado y la Cámara de Representantes con el objetivo de aplicar el consenso del 24 de noviembre, suscrito por el presidente Juan Manuel Santos y el líder de esa guerrilla, Timoleón Jiménez.

Serán delegados presentes en las discusiones con la misión de velar por el cumplimiento de lo concertado, con voz pero sin voto.

Esta tarde llegará también al Congreso el acto legislativo de Justicia Especial para la Paz, que contempla la creación de tribunales encargados de investigar, juzgar y sancionar a responsables del largo conflicto con premisas como cero impunidad frente a crímenes de lesa humanidad pero sí beneficios (indultos y amnistías) en casos de delitos políticos y conexos.

No obstante la celeridad de los pasos dados en virtud del fast track, en correspondencia con el fallo de la Corte Constitucional los parlamentarios deberán certificar que el conjunto de convenios fue legitimado con participación directa del pueblo, sólo así dicha fórmula de tramitación normativa tendrá total vigencia.

Para el Ejecutivo no hay dudas de que fue eso lo ocurrido durante 54 días después del plebiscito (cuando Santos impulsó un diálogo nacional con el propósito de escuchar propuestas y reajustar el acuerdo inicial rechazado por la mayoría de los sufragantes en ese ejercicio democrático), hasta que rubricaron el tratado definitivo.

El documento fue refrendado luego por el Senado y la Cámara de Representantes.

Pese a la voluntad evidente de las partes para agilizar la desmovilización de las FARC-EP y mostrar los beneficios de la paz en las regiones más castigadas por la guerra, quedan desafíos por delante como el desmantelamiento efectivo de los grupos paramilitares, identificados como el mayor peligro para conservar el clima de distensión.

Adecuar con prontitud las zonas donde los miembros de esa guerrilla dejarán las armas es otro de los imperativos.

Resulta indispensable también una presencia superior del Estado en los sitios abandonados por las FARC-EP, actualmente en tránsito hacia los puntos de concentración.

Hay pueblos construidos por esa organización (…) ahora desocupados, pueblos fantasmas los cuales, si el Gobierno no los aprovecha ya para beneficiar a las comunidades, muy pronto se convertirán en nuevas sedes de las bandas criminales o de cualquier grupo armado, alertó el periódico El Espectador.