Tenso clima político previo a elecciones en Togo

0
1040


Por Julio Morejón

La violencia rodea las elecciones del 20 de diciembre en Togo, pequeño país de África occidental, donde una coalición de 14 partidos pretende desalojar del poder a los partidarios de Faure Essozimna Eyadéma, hijo del extinto mandatario general Gnassingbé Eyadéma y sucesor en el cargo.

El jefe de la oposición, Jean-Pierre Fabre, calificó la dura respuesta oficial a las protestas de ‘estupidez asesina del régimen’ y el movimiento de la sociedad civil Forces vives espÿrance pour le Togo (Fuerza viva para la esperanza en Togo) también condenó la represión policial ejecutada contra los demandantes.

Ese país alcanzó la independencia en 1960, cuando asumió el presidente Silvanus Olimpio, pero en 1963 el aún teniente coronel Gnassingbé Eyadéma dio un golpe de Estado y designó como mandatario a Nicolás Grunitzky, quien con anterioridad se desempeñó como primer ministro de la administración de tránsito.

Si bien Olimpio trató de apartarse de la influencia directa de la exmetrópolis, Francia, esa actitud chocó con el esquema político establecido en el país, pues el grupo de Grunitzky procedía del aparato postcolonial galo, y el presidente provisional actuó en concordancia con formas más liberales de gobierno.

Uno de los problemas que sobrecogió tras la independencia y lastró la unidad ciudadana togolesa fue el de las diferencias y el descontento de las comunidades norteñas que respaldaban un gobierno dominado por los ewe en la región de Lomé, y las decisiones de Olimpio las afectaban.

El primer presidente de la etapa republicana rechazó la incorporación al ejército de soldados que sirvieron al ejército francés en la guerra de Argelia. Estos militares, en su mayoría pertenecientes al pueblo kabyé, del norte del país, ejecutaron el golpe de Estado contra Olimpio.

La noche del 12 de enero de 1963, un día después de la conspiración, un grupo de militares afines a Gnassingbé Eyadema asesinó al derrocado presidente Olimpio cuando este trataba de refugiarse en la embajada de Estados Unidos en Lomé, la capital del país africano, y poco después fue la designación de Grunitzky.

El aún teniente coronel Eyadema, perteneciente al pueblo kabyé, dio el paso definitivo en 1967, cuando en medio de dificultades políticas por las que atravesaba el país francófono se hizo de nuevo con el poder, suspendió la Constitución y disolvió la Asamblea Nacional (Parlamento) de Togo; él y sus cercanos comenzaron a gobernar.

Ya general, el militar golpista se mantuvo como jefe de Estado hasta su muerte en 2005, cuando su hijo Faure Gnassingbé ascendió a la presidencia togolesa con el respaldo castrense y para lo cual anuló la posibilidad del relevo oficial, que debió ser el jefe del Parlamento, Fambaré Ouattara Natchaba.

Constitucionalmente tras el deceso de Gnassingbé Eyadema, Ouattara Natchaba, quien por entonces se hallaba en el extranjero, debió asumir la jefatura del Estado. Para conceder legitimidad a la designación de Faure Gnassingbé como mandatario, la Asamblea se reunió rápidamente y lo nombró su presidente. Fue reelecto en 2010 y 2015.

La ONU, la Unión Europea y la entonces Organización de la Unidad Africana consideraron la sucesión de poder como un golpe de Estado, mientras que el Legislativo togolés eliminaba la opción de convocar a elecciones en 60 días, de manera que posibilitó al sucesor gobernar prácticamente sin límites.

CONTRA LAS CUERDAS 

Según diversas fuentes de prensa, la situación en Togo gana complejidad mientras se acerca el 20 de diciembre, fecha prevista para las elecciones parlamentarias; una parte significativa de la población teme que desemboque en una crisis de gran magnitud y por eso plantea suspender la consulta.

Pese al gobierno prohibir las manifestaciones para detener el proceso electoral, esas demostraciones ocurrieron en las calles de las ciudades de Lomé, Kpalimé, Sokodé, Tchamba, Bafilo y Mango, y aunque el reporte de bajas es inexacto se refirieron a por lo menos seis muertos y docenas de heridos, pero esas cifras pueden resultar inciertas.

Las fuerzas de seguridad se remiten al argumento de la necesidad de preservar la estabilidad en esta etapa preelectoral y afirman que el número de víctimas es menor, por lo que no coinciden con las estadísticas declaradas por los opositores, a quienes acusan de azuzar la violencia mediante los disturbios callejeros.

Por su parte, la oposición denunció lo que calificó de bárbara represión contra esas demostraciones públicas, en tanto reclama la libertad de actuar de esta manera en consonancia con los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como hace mención de presumible golpe de Estado institucional.

El sitio de noticias Ici Lomé difundió que ‘el largo y dramático paréntesis político de Gnassingbé se está volviendo cada vez más insoportable ante las atrocidades que están matando a tantas vidas inocentes en Togo. Sin embargo, cada vez son más las voces que piden al régimen que detenga este proceso’.

Las iglesias presbiteriana y metodista solicitaron a las ‘autoridades competentes que prioricen la búsqueda de soluciones consensuales y duraderas a la crisis actual y que pospongan las elecciones parlamentarias programadas para el 20 de diciembre durante varios meses’.

Una posición de rechazo expresó la Asociación de Administradores Musulmanes en Togo, que solicitó a las autoridades ‘humildemente pero con convicción posponer la elección en interés de todos los togoleses’, y la Iglesia Católica también condenó ‘la preparación unilateral de las elecciones’ y llamó a los actores políticos al diálogo.

No obstante, desde hace varios meses se hacen esfuerzos para conciliar los criterios del Gobierno y la oposición respecto a una reforma constitucional que limite los mandatos presidenciales; el mediador es el mandatario de Ghana, Nana Akufo-Addo, pero no se perciben avances y eso deberá incidir en el ámbito de las legislativas.

En el peor de los casos, el lazo corredizo de la crisis política podría cerrarse totalmente antes de las elecciones parlamentarias del 20 de diciembre, pero tal vez eso sería fatal porque multiplicaría la violencia en un país 7,8 millones de habitantes y que ya sufrió bastante con los golpes de Estado.