Revive disputa fronteriza entre Kenya y Somalia

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Por Lemay Padrón Oliveros
El fiscal general de Kenya, Githu Muigai, reavivó recientemente la vieja disputa fronteriza entre su país y Somalia por los límites marítimos en la costa común del océano Índico, al rechazar el reclamo de los vecinos.

Las autoridades kenianas se amparan en la vigencia del acuerdo de límite marino reconocido y respetado por ambas partes desde 1979, pero los somalíes exigen una nueva medición.

El asunto está en manos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) desde agosto de 2014, pero en fecha reciente la instancia judicial autorizó el caso para proceder, y con el rechazo keniano se espera un dictamen a principios de 2018.

Si procede el pedido, Somalia vería sus aguas territoriales extendidas hacia el sur, con lo cual abarcaría varios bloques de exploración petrolera de Kenya como el L5 y el L22.

Para Nairobi ganar el caso en La Haya es fundamental porque las sentencias emitidas en la corte holandesa sobre disputas entre Estados son vinculantes para las partes interesadas, y se verían entonces obligados a ceder esas regiones, con el consecuente perjuicio económico que esto conlleva.

Mogadiscio reclama una frontera marítima basada en una nueva línea equidistante, lo cual implicaría que las actividades kenianas de exploración petrolera en el área disputada son ilegales, y también podrían afectar la frontera marítima de Kenya con Tanzania.

Las Naciones Unidas definen la línea de equidistancia como una ‘línea cuyo punto es equidistante de los puntos más cercanos en las costas a partir de las cuales se mide la anchura de los mares territoriales de cada uno de los dos Estados’.

El área en disputa es de aproximadamente 100 mil kilómetros cuadrados y hay seis bloques petroleros, en los cuales Kenya ha otorgado contratos a firmas extranjeras de prospección a pesar de que ‘se encuentran total o predominantemente en el lado somalí’, argumenta la parte acusadora.

Ese polémico límite marítimo fue revisado para una mayor precisión en 2005, pero en 2009 Kenya extendió su reclamo más allá de las 200 millas náuticas previstas, un cambio que necesita la aprobación de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental.

Luego de no recibir el visto bueno, Kenya alegó que la Corte no posee jurisdicción sobre el caso, y que la solicitud de sus vecinos no es admisible, porque existe un memorando de entendimiento firmado por ambas partes.

Sin embargo, este memorando se refiere solamente a los límites continentales, y no aguas afuera, lo cual quedó pendiente para una negociación que nunca llegó a realizarse, indica el dictamen preliminar de la CIJ.

La demanda somalí busca que el límite marítimo se extienda diagonalmente al sur hacia el mar, y no hacia el este como está actualmente en Kiunga, la localidad keniana ubicada a solo 15 kilómetros de la frontera entre ambas naciones.

Pero no es solo sobre el mar el diferendo entre ambas naciones, pues los extensos límites terrestres comunes también desatan controversia, sobre todo por devenir cada vez más en guarida de presuntos terroristas.

En particular se acusa al grupo islamista somalí Al Shabab, que por su carácter encubierto y sofisticación preocupa constantemente a las autoridades de Nairobi.

Milicias de esa organización extremista frecuentan las regiones fronterizas para organizar ataques con bombas y otros artefactos explosivos improvisados, entre ellos minas terrestres, por lo que urge a ambas partes delimitar bien sus fronteras.

La zona incluye el campamento de Dadaab, situado a unos 100 kilómetros de la frontera con Somalia, y considerado el centro de refugiados más grande del mundo, otra fuente de preocupación para el Gobierno keniano.

Los países vecinos deberían llegar a un acuerdo mutuo sobre dónde terminan sus reclamos territoriales, pero el no hacerlo generalmente conduce a un litigio global, como ha ocurrido en este caso.