República Centroafricana transita por senderos de violencia

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Por Julio Morejón
En República Centroafricana la seguridad se presenta como quimera irrealizable entre fuerzas rivales, de distintas confesiones.

Desde las guerras que derrocaron al presidente Ange-Félix Patassé y luego a su rival Francois Bozizé, este país productor de diamantes perdió gran parte de su agilidad política y debió aceptar como una solución el acantonamiento de fuerzas de paz de la ONU, integradas en la Minusca.

El conflicto bélico avivado por las ofensivas de la coalición guerrillera Seleka (unión en lengua sango), que expulsó del poder a Bozizé, escaló al máximo y no resolvió la crisis política desatada entre 2012-2013, cuyas secuelas aún hoy son evidentes.

La coalición firmó en 2007 un acuerdo con el gobierno para integrarse en el Ejército, pero en diciembre de 2012 sus líderes desertaron y se levantaron contra Bozizé porque consideraban que incumplió los compromisos del alto el fuego: la liberación de presos políticos y el pago a los rebeldes que abandonaron las armas.

Esa situación de violencia se combinó con la firma de pactos y ruptura de treguas, así como con problemas acumulados en un país que requiere de ayuda humanitaria, pese a sus riquezas madereras y mineras, la explotación de filones de oro, así como yacimientos de diamantes y de uranio.

El intento de reorganización institucional se realizó bajo la resolución de ONU del 5 de diciembre de 2013, que permitió a Francia enviar tropas a la República Centroafricana ‘para desactivar el conflicto anunciado y proteger a los civiles’, como señala el texto y lo cual se reconoce como una reacción internacional a la inseguridad que allí persiste.

La violencia en ese país se adueñó nuevamente del escenario político, con una lucha por el poder que se entrelaza con argumentos religiosos, pues en dicha nación los grupos beligerantes se dividen entre devotos cristianos y fieles musulmanes.

En el caso africano en general la práctica de determinado credo, además de ser factor socializante desde el punto de vista ideológico, constituye un aspecto central para la convivencia en comunidades y eso, de hecho, es una necesidad concreta con vistas a la supervivencia.

A la caída de Bozizé -derrocado por Seleka- sucedió Michel Djotodia, líder de la alianza, cuya plataforma era acusar al gobierno de incumplir los acuerdos firmados con la formación musulmana, eso acompañado de ataques a la población practicante de religiones cristianas y cultos tradicionales africanos, y luego llegó Catherine Samba-Panza.

Esta parte de la historia concluye con el ascenso a la presidencia del país de Faustin-Archange Touadéra, electo el 14 de febrero de 2016, y cuya ceremonia de investidura el 30 de marzo en Bangui constituyó un suceso de gran interés público, toda vez que abrió las puertas al posible logro de la estabilidad, opinaron analistas.

OTRA ETAPA

En su toma de posesión, Touadéra declaró que laboraría ‘por el bienestar del pueblo centroafricano, sin ningún tipo de discriminación étnica o regional’, teniendo en cuenta el rol del país como escenario de conflictos en los que se evidencian intereses no nacionales.

Potenciar alguno de ellos como el confesional sería peligroso y podría conducir a una temida fractura del tejido social, como ocurrió en Ruanda en 1994 y sucede hoy en Sudán del Sur, donde la politización de las etnias crea graves cisuras que impiden el acercamiento, la reunificación y la sana inserción en las comunidades.

Las tensiones persisten en la República Centroafricana como enfrentamientos entre milicias de base confesional: por una parte los antiguos rebeldes Seleka, una formación integrada por varios grupos armados y apoyada por mercenarios de Sudán, Níger y Chad, y ahora miembro de la Unión para la Paz en República Centroafricana (UPC), facción principalmente musulmana y Fulani.

En el otro bando están los antibalaka (antimachete), grupos de autodefensa cristianos.

Aunque el conflicto revela un conjunto de complejidades, una destacable es la presencia militar extranjera, que no siempre interactúa en forma docta frente a instrumentos de la violencia.

Así ocurrió en la localidad de Gambo los días 5 y 6 de agosto, durante un asalto ejecutado por efectivos de exrebeldes Seleka, uno de los 13 grupos armados que firmaron un acuerdo de paz hace dos meses, y donde la población criticó la pasividad de las fuerzas de la ONU ante los desmanes ocurridos contra esa villa.

Las tropas marroquíes de Naciones Unidas, que permanecieron en la ciudad durante los dos días de violencia, no hicieron nada para impedir los asesinatos o proteger a los civiles, afirmaron varias fuentes nacionales, tras confirmar la masacre de la cual se hicieron eco organizaciones humanitarias.

Un convoy fuertemente armado de la ONU llegó alrededor de la una de la tarde del 5 de agosto y se quedó en el recinto católico, precisaron medios de prensa al evaluar la situación en la localidad del sureste de República Centroafricana.

Respecto a tal agresión, se detalló que cientos de civiles refugiados en el hospital del lugar perecieron, en su mayoría mujeres y niños, y muchos tenían la garganta cortada; a otros los quemaron vivos en sus propiedades, además trascendió que un número indeterminado de casas y bienes fueron saqueados e incendiados.

Sin dudas, las tensiones y los peligros cohabitan en República Centroafricana con la falta de voluntad constructiva por parte de los contendientes, quienes desoyen los llamados de la comunidad internacional que apoya al país en el renglón humanitario y de ese pueblo africano con temor a que todo concluya como una invocación a la muerte.