Mali frente al síndrome de la violencia

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Cuando los movimientos armados tuareg y el gobierno firmaron en 2015 un acuerdo de paz, Mali respiró profundamente porque se esperaban cambios, pero tiempo después grupos subversivos complicaron la situación nacional.

El país de la región africana del Sahel se proyectó en 2017 hacia el cumplimiento del pacto y la construcción de la institucionalidad afectada desde 2012, cuando los militares derrocaron al presidente Amadou Toumani Touré , supuestamente por deficiencias en el manejo de la guerra en la zona septentrional.

Los golpistas responsabilizaban al mandatario por los fracasos de las tropas en el enfrentamiento al levantamiento armado encabezado por el Movimiento Nacional de Liberación del Azawad (MNLA), de la comunidad tuareg. Un proceso que sucedió a la guerra en Libia, la cual encendió la pólvora en el Sahel.

El MNLA tenía como objetivo la separación del Azawad, donde consideran que está su origen como pueblo, pero el territorio reclamado abarca -además del norte de Mali- parte de otros Estados de la franja subsahariana, por lo cual se rechaza tal demanda, aunque actualmente se proponen alterativas para evitar una escalada secesionista.

Aquella sublevación ganó en complejidad, toda vez que con el Movimiento participaron en esa etapa de la insurgencia efectivos identificados como extremistas de confesión islámica, que operaban en las zonas desérticas del Sahel. Una de esas formaciones era Ansar Dine, pero tales grupos a la larga secuestraron la revuelta.

Seis años después de la contienda bélica desatada por Occidente y sus aliados contra el gobierno de Muamar Gadafi, en la cual lo asesinaron, una de las secuelas fue la fusión en la subregión desértica de grupos integristas que desconocen la legitimidad de las autoridades y emplean ofensivas terroristas contra ellas.

Aunque una fuerza franco-africana la emprendió contra los fundamentalistas con la Operación Serval y luego la Barkhane, los extremistas debieron retirarse hacia lugares dispersos en las áreas desérticas, pero en este 2017 confirmaron su existencia como destacamentos irregulares y perpetraron acciones contra importantes objetivos.

La región septentrional del país posee una demografía compleja, la mayor parte de la cual se reconoce como tuareg, lo que no es óbice para que persistan divisiones en el conjunto y afloren las contradicciones, incluso de orden político, con respecto a sus intereses y en su respectiva relación con Bamako.

Según destacan analistas políticos, la inseguridad en Mali hizo que se mantuviera el estado de emergencia, casi de forma sucesiva, desde noviembre de 2015 cuando el ataque terrorista al hotel Radisson Blu causó la muerte de una veintena de personas, mayormente extranjeros.

En los pasados 12 meses se reportaron enfrentamientos, incluso con armamento pesado, entre el progubernamental Grupo de Autodefensa Tuareg Imghad y sus aliados (GATIA) y el Consejo de Movimientos de Azawad (CMA), que antes del 2015 defendía la línea separatista.

Tales combates en el seno de la comunidad norteña amplificaron la violencia en un terreno fértil. Las acciones disminuyeron, pero no cesaron.

En ese ámbito, apareció un nuevo grupo: el Jamaât Nasr Al Islam wa Al Mmuslimin, que este año asumió la autoría de al menos dos ataques de envergadura y muy coordinados contra las Fuerzas Armadas de Mali (FAMA) y las tropas de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Malí (Minusma).

Con esas formaciones no hay diálogo. La existencia de destacamentos radicales armados de filiación islámica es uno de los problemas ideológicos y políticos más difíciles de solucionar en la región saheliana, donde se ubica Mali, tal vez el más afectado por las agresiones de esos efectivos.

Se entiende que su quehacer en este escenario amenaza la estabilidad de todos los países del área, y son difíciles de asimilar en cualquier cuadro o arreglo incluyente, precisamente por sus planteamientos aislacionistas y su desconocimiento de la legitimidad de los gobiernos del área.

Para enfrentar la escalada extremista la solución propuesta por Bamako y apoyada por Francia es la militar que, aunque no debía ser la única, consideran la solución válida en la actualidad y de inmediato para frenar la supuesta Jihad (Guerra Santa islámica) desatada por los integristas.

En 2017 apareció la organización extremista que reunió a tres grupos activos bajo la denominación de Jamaât Nasr Al islam wa Al Muslimin, que se traduce como grupo por el apoyo del Islam y de los musulmanes, que ataca cuarteles del Ejército y de la Minusma.

Esa formación la comanda Iyad Ag Ghali, un exindependentista de la comunidad tuareg y uno de los creadores de Ansar Dine (guardianes de la fe), una formación cuyos efectivos abatieron las ciudades de Gao, Kidal y Tombuctú durante el levantamiento en la región norteña.

El nuevo grupo le rinde lealtad a Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).

Mali tiene muy claro -y es inobjetable- que los ataques de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan) contra posiciones de Gadafi en 2011, potenciaron lo que ahora sufre el Sahel, la emergencia y fortalecimiento del terrorismo con cariz confesional

No obstante todas las gestiones que se hicieron para enfrentar con las armas al extremismo, el país intentó avanzar en la construcción de las instituciones en la región norteña para cumplir los tópicos del Acuerdo de Paz en lo referido al establecimiento de las autoridades en las principales localidades, tarea que no resultó fácil.

La postura oficial de cercar el problema y eliminarlo, respaldada por Occidente, podría disminuir la violencia terrorista, pero Mali también requiere decisiones sociales para cambiar lo que los norteños consideran marginalización del territorio, algo viable para incluirse en la agenda gubernamental en 2018.