Laurent Gbagbo: Político marfileño ante la Corte Penal Internacional

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laurent gbagboPor Julio Morejón *

Aunque dividido el apoyo y el rechazo de África ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, Holanda, este organismo amparado en un estatus especial, también occidental, juzga a políticos de ese continente.

Un caso actual es del exgobernante de Costa de Marfil Laurent Gbagbo, a quien se le acusa de cometer crímenes de lesa humanidad, asociados con otras violaciones de los derechos humanos entre 2010 y 2011, todo lo cual el expresidente rechaza y se proclama inocente.

Ese juicio comenzó a finales de enero pasado, junto con el de su exministro de Juventud Charles Blé Goudé -quien también se declaró no culpable-, como confirmó la fiscal Fatou Bensouda, que aseguró disponer de 138 testigos y más de cinco mil 300 elementos probatorios.

En esta etapa del proceso deben intervenir representantes de 726 de las víctimas admitidas en la demanda, y luego lo hará la defensa, aseguró el juez Cuno Tarfusser, que preside este evento.

Gbagbo, de 70 años, detenido hace cinco, se negó a entregar el poder luego de las elecciones presidenciales de fines de 2010, lo cual desató una ola de violencia en Costa de Marfil que concluyó en abril de 2011, tras su detención por fuerzas francesas y de la ONU, lo cual posibilitó el ascenso a la jefatura de Estado de Alassane Damane Ouattara.

En octubre pasado, Ouattara fue reelecto, con lo cual se distanció de la crisis postelectoral 2010-2011, en la que partidarios de ambos contendientes emplearon la violencia para colocar al político de su preferencia en la cabeza del poder.

Los simpatizantes de Gbagbo acusan a Ouattara y a Francia, antigua potencia colonial, de perpetrar una conspiración contra el exmandatario marfileño y, en definitiva, desalojar a Laurent de la silla presidencial, lo cual colocó en mal momento al sistema, que predicaba el respeto a la democracia y su contenido civil.

Ambas figuras fueron partícipes del conflicto armado que sucedió a las elecciones y que se calcula causó más de tres mil 200 muertos y un número significativo de heridos.

Políticos marfileños y extranjeros no compartieron el criterio de validez otorgado al papel desempeñado por París y la ONU para resolver el conflicto; preferían una solución africana, pese al temor de que una polarización étnica extrema de los contrincantes extendiera e incluso agravara el problema, como tampoco las tienen todas con la CPI.

La crisis mostró que la ruptura del entendimiento político iba más allá del resultado de los comicios y de la competencia entre partidos. Esa grave fragmentación dio paso a la reticencia en cuanto a aceptar a los nuevos conductores del poder y eso afectó la construcción del Estado nacional.

Al expresidente Laurent Gbagbo lo arrestaron efectivos del ejército galo el 11 de abril de 2011, en condiciones que este antiguo mandatario criticó desde su primera aparición en audiencia ante la CPI.

«Unos 50 tanques franceses rodeaban la residencia (presidencial), mientras los helicópteros bombardeaban. Vi a mi ministro del Interior morir delante de mí. Vi mi hijo detenido y golpeado», narró, e insistió en que no pedía piedad ante el juzgado.

Esa vista sesionó a puerta cerrada, pero una veintena de ciudadanos marfileños residentes en Holanda, Francia y Bélgica se concentraron fuera de la Corte para rechazar el juicio contra el ex gobernante, con lo cual también deploraban su detención y los procesos colaterales contra sus familiares.

En marzo de 2015, un tribunal de Costa de Marfil condenó a Simone Gbagbo, esposa de Laurent Gbagbo, a 20 años de cárcel por atentar contra la seguridad del Estado, participar en un movimiento de insurrección y perturbar el orden público durante la crisis postelectoral de 2010.

Respecto a otros resultados de juicios en territorio marfileño, el hijo del Laurent Gbagbo fue condenado a cinco años de prisión y el presidente del entonces partido gobernante Frente Popular Marfileño, Pascal Affi N’guessan, sentenciado a 18 meses de cárcel.

EL PROCESO

La Sala Preliminar I de la Corte Penal Internacional decidió unánimemente el año antepasado juzgar a Gbagbo «por los cuatro cargos de crímenes contra la Humanidad (asesinato, violación, otros actos inhumanos y de forma subsidiaria intento de asesinato y persecución».

Al expresidente lo entregaron a la CPI el 30 de noviembre de 2011, su primera comparecencia fue el 5 de diciembre de 2011, y tras confirmarse los cargos, la Sala aplazó la audiencia y solicitó al fiscal pruebas adicionales o nuevas investigaciones sobre las acusaciones presentadas.

Conforme con las estadísticas difundidas por la Comisión Nacional de Investigación, establecida por el presidente Ouattara en 2011 para evaluar las secuelas de la crisis, las fuerzas favorables a Gbagbo acabaron con la vida de mil 542 personas, de ellas mil nueve murieron por ejecuciones sumarias.

El informe correspondiente también responsabiliza a los efectivos que apoyaron al mandatario entrante de la muerte de 727 personas, 545 de ellas ejecutadas.

La Comisión registró 28 mil casos de violaciones diversas de los derechos humanos, pero, y según la presidenta de esa estructura, Paulette Badjo, esas cifras podrían estar por debajo de la realidad.

Esas conclusiones documentadas, de hecho, respaldarían las acusaciones de la fiscalía no solo contra Laurent Gbagbo, sino también contra su ex ministro de Juventud, Charles Blé Goudé, a quien -según medios de prensa- apodaban «el general de la calle», por su capacidad para agitar a la multitud.

Blé Goudé, exjefe de los Jóvenes Patriotas, es considerado «responsable de algunos de los peores crímenes» cometidos durante la crisis como civiles linchamientos, a veces sobre la base de sospechas, apuntó Radio Francia Internacional.

El fiscal adjunto de la CIJ, Eric McDonald, opina que «Charles Blé Goudé es el que ha servido como intermediario entre el pequeño círculo formado alrededor del expresidente, y los jóvenes pro Gbagbo».

En palabras de la fiscal, Fatou Bensouda, quien consideró que existen pruebas suficientes para establecer juicio, apuntó la existencia de diversos motivos, entre ellos «étnico, religión o nacionalidad, o de los tres criterios a la vez», para desatar la violencia, pero declaró que la acción judicial que se realiza no es política.

«Estamos llevando a cabo una misión puramente legal en el marco del Estatuto de Roma», (que a la luz del Derecho fundamenta doctrinalmente el establecimiento de un tribunal internacional), agregó Bensouda.

Sin embargo, el principal acusado considera que, como quiera que sea este es un juicio político y en África existen dudas de la asepsia ideológica del asunto.

Desde hace poco más de un año, el Mecanismo Africano de Evaluación, un observatorio de la Unión Africana, criticó duramente a la CPI por considerar que trata injustamente a los jefes del continente, destacó el sitio digital mundonegro.com.

*Jefe de la Redacción África y Medio Oriente de Prensa Latina.