Kenya 2014: El año en que dejaron de enjuiciar al presidente

0
439

Uhuru Muigai KenyattaPor Julio Morejón

El que concluye se recordará como el año en que un presidente keniano y su vicepresidente enfrentaron a la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, Holanda, pese al mal estado de opinión expresado en África.

Uhuru Muigai Kenyatta se convirtió en el primer Jefe de Estado del continente en ser sometido a un proceso judicial por ese tribunal, que también comenzó otro contra el vicepresidente, William Ruto, en ambos casos acusados de implicación en crímenes de lesa humanidad durante el violento período posterior a 2007 y 2008.
Según la Fiscalía, el mandatario, hijo del presidente de la independencia, Jomo Kenyatta, sería responsable de organizar y participar indirectamente en asesinatos, deportaciones, violaciones, persecuciones y otros atropellos, cuando era viceprimer ministro y ministro de Finanzas.

En esa línea, la acusación amplía que la violencia desatada en Kenya causó más de mil 100 muertos y 600 mil desplazados, mientras que algunos estudiosos se refirieron al entramado étnico del asunto.

Sin embargo, la propia fiscalía aseguró hace buen tiempo que el gobierno keniano no colaboraba en la obtención de pruebas, y sin ellas no podía presentar elementos acusatorios contra Kenyatta como responsable indirecto de los hechos. Entonces, optó el viernes 5 de diciembre por retirar los cargos.

Dos días antes de que tomara la decisión, los jueces de la CPI denegaron a la Fiscalía aplazar el juicio, por las dificultades de su oficina para investigar el caso, algo que esta achacaba una vez más a la falta de cooperación de Nairobi.

Mientras algunos gobernantes critican abiertamente a la CPI por considerar que constituye una expresión trasnochada de neocolonialismo, Kenyatta se pronunció diplomáticamente sobre el asunto al manifestar sentirse emocionado con la postura que, en definitiva, tomó el ministerio fiscal.

«Para ser sincero, estamos muy emocionados. He estado esperando esta noticia desde el día en que mi nombre fue vinculado con este caso», expresó en la cuenta oficial del Gobierno en la red social Twitter, y amplió que «he declarado en repetidas ocasiones mi inocencia a la gente de Kenya y al mundo entero».

Medios de prensa reportaron la denuncia de Kenyatta respecto a que los casos vinculados con su país fueron llevados ante la Corte «sin la debida investigación» y con «un fuerte interés para estigmatizar a las personas acusadas», declaración que podría relacionarse con el caso del vicepresidente, William Ruto, también procesado.

Muchos países africanos le endilgan un triste papel a esa Corte y precisan que solo se ocupa de perseguir a sus nacionales. «En concreto a los de Sudán, Uganda, República Central Africana, Libia, Costa de Marfil, República de Congo, Mali y Kenya, que es donde investiga la Fiscalía», sintetizaron medios de prensa.

Hasta la Unión Africana (UA) en su momento criticó el trabajo de ese órgano judicial transfronterizo por considerarlo dominado por los socios europeos.

La fiscal Fatou Bensouda decidió retirar las acusaciones contra el mandatario por la falta de pruebas suficientes para juzgarlo, pero no descartó presentar más adelante nuevos cargos contra Kenyatta «si se obtienen suficientes evidencias».

POR OTRO LADO, MÁS VIOLENCIA

Kenya sufrió este año una escalada de violencia relacionada con las acciones de la organización guerrillera somalí Al Shabab, que se acreditó una serie de acciones armadas contra objetivos civiles en noviembre y, por ejemplo, asumió la autoría de un ataque contra un ómnibus de vacacionistas que causó 28 muertos.

Según la guerrilla, sus actos constituyen represalias contra la presencia de soldados kenianos en el contingente de la Misión de la Unión Africana (Amisom) que junto con el ejército de Mogadiscio y grupos de señores de la guerra progubernamentales operan contra ella en Somalia.

Desde octubre de 2011, cuando las tropas de Nairobi penetraron en Somalia como reacción a secuestros supuestamente perpetrados por Al Shabab en territorio keniano, la guerrilla islámica amenazó a este país con represalias por lo que consideró una intervención a favor de sus contrincantes. Las acciones continuaron estos tres años.

Los ataques se registraron en zonas fronterizas con Somalia, en la ciudad portuaria de Mombasa y en las capital, Nairobi, que -conforme con cálculos de medios de prensa – causaron más de dos centenares de víctimas y afectaron cantidades desconocidas de inmuebles, en lo que se considera la intención de Al Shabab de extender la guerra.

En noviembre pasado, un día después del ataque al autobús el vicepresidente de Kenya, William Ruto, informó que sus militares cruzaron la frontera y la emprendieron por tierra y aire contra campamentos de la guerrilla, a la que le causaron más de 115 bajas mortales, cifra que negó la agrupación somalí.

A principios de diciembre, la caída de un avión militar keniano en Somalia llamó la atención respecto a la duración del conflicto armado y lo difícil de que este se solucione solo mediante un incremento de acciones militares.

El Ejército de Kenya confirmó que una de sus naves de combate se estrelló en territorio somalí por problemas técnicos y cayó en áreas controladas por el grupo Al Shabab, que lo incendió, y se desconocida el paradero del piloto. La guerrilla, por su parte, afirmó que derribó la nave con un misil, pero no se refirió al conductor.

Pero las contradicciones no sólo se remiten a la guerra, hay asuntos colaterales que mantienen las tensiones, y uno de ellos es la situación de los refugiados, a los que el gobierno keniano, por cuestiones de seguridad, ordenó abandonar las zonas urbanas y regresar a los dos campamentos habilitados para ellos en el norte y en el este del país.

Las autoridades tomaron la decisión a raíz de un ataque armado a una iglesia en la población costera de Mombasa, en el que murieron seis personas. Algunos analistas vincularon esa acción armada a contradicciones en cuanto a religión, pero Nairobi lo relacionó con un acto extremista más bien político.

Así el pasado 25 de marzo, el ministro del Interior, Joseph Ole Lenku, dio la orden sobre la ubicación de los refugiados y solicitó se informara sobre cualquier ciudadano somalí que residiera fuera de los campos de Dadaab y Kakuma.

En ese ámbito, efectivos de las fuerzas de seguridad realizaron redadas y afirmaron que hallaron armas como granadas de mano en las mezquitas, lo que demuestra que los sitios de culto sirven de lugares estratégicos para Al Shabab, lo cual argumentaría la hipótesis de que el conflicto se extenderá más allá de este declinante 2014.