El grupo opositor burundés boicotea la nueva ronda de conversaciones

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El principal grupo opositor de Burundi ha indicado que boicotea las conversaciones de paz que se han reanudado este martes en Tanzania, dejando pocas opciones a que las negociaciones pongan fin a la violencia política que ha dejado cientos de muertos en el país.

Burundi vive sumido en la inestabilidad desde abril de 2015, cuando el presidente Pierre Nkurunziza anunció su plan de optar a un tercer mandato, algo que la oposición denunció que violaba la Constitución así como el acuerdo de paz que puso fin a la guerra civil en 2005.

Finalmente, consiguió la reelección en unas elecciones boicoteadas por la oposición, pero las protestas provocaron una represión por parte del Gobierno en la que han muerto más de 700 personas, mientras que otras 400.000 han buscado refugio en los países vecinos y la economía se ha visto fuertemente resentida.

El Tribunal Penal Internacional está investigando si las fuerzas progubernamentales cometieron crímenes de guerra incluido asesinato, tortura y violación. Burundi, que se ha retirado del TPI, se niega a reconocer la investigación.

El grupo opositor en el exilio CNARED ha señalado que el expresidente tanzano Benjamin Mkapa, quien está facilitando la ronda de conversaciones que se celebrará entre el 28 de noviembre y el 8 de diciembre en Arusha, no les ha invitado.

“Siempre hemos pedido al facilitador que invite a CNARED como bloque de oposición, pero se ha negado y decidido elegir en lugar de ello a algunos de nuestros miembros, que participarán en el diálogo sin nuestro consentimiento”, ha explicado el portavoz de CNARED, Pancrace Cimpaye.

A finales de octubre, el Gobierno burundés aprobó un proyecto de ley que busca cambiar la Constitución actual para permitir a Nkurunziza para optar a un cuarto mandato en las elecciones de 2020.

Las enmiendas propuestas, que probablemente serán sometidas a referéndum en 2018, buscan abolir el límite de dos mandatos y alargar los mandatos presidenciales a siete años. CNARED sostiene que enmendar la Constitución empeorará la crisis.