La mano dura de Grecia frente a la crisis migratoria

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Por Yanet Llanes Aleman

En consonancia con el endurecimiento de su política migratoria, el Gobierno griego de derecha cerró hoy la puerta a quienes descarten solicitar asilo, y anunció el refuerzo de sus fronteras, en medio de un aumento en las llegadas.

El primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, resumió así los cambios para ‘hacer frente’ a la situación en el país: fronteras más protegidas, controles más estrictos y nuevos procedimientos de asilo, que según organizaciones internacionales, supondrán la pérdida de salvaguardas para los peticionarios.

Mitsotakis dijo este viernes ante el Parlamento que contrataron 400 guardias para ‘proteger’ la linde con Turquía y otros 800 para las islas, donde se encuentran los superpoblados campos de recepción de migrantes.

‘Solo serán bienvenidos a Grecia quien nosotros elijamos. El resto serán devueltos a sus lugares de origen’, afirmó el jefe de Gobierno, bajo presión por las denuncias internacionales sobre el empeoramiento de las condiciones de vida en los campamentos donde están varadas más de 35 mil personas.

En un intento por argumentar su decisión, Mitsotakis aseguró que las puertas del país estarán cerradas para los traficantes de personas y para aquellos que carezcan de los derechos de asilo pertinentes.

El miércoles, el gabinete anunció, sin fijar una fecha, planes para cerrar los atestados campos de sus islas y reemplazarlos por centros de detención más restrictivos con capacidad para cinco mil personas.

‘Se debe enviar un mensaje claro a aquellos que planean o piensan venir ilegalmente al país cuando no tienen derecho a asilo’, advirtió el portavoz del Gobierno, Stelios Petsas.

Elegido en julio, el Ejecutivo de derecha abolió la política del Ministerio de Migración y retrasó el programa de reubicación de refugiados durante cuatro meses, lo que elevó de 15 mil a 37 mil el número de personas en las islas.

Para el principal partido opositor, la Coalición de la Izquierda Radical (Syriza), las medidas anunciadas no mejorarán la situación en esos territorios, ni las condiciones para sus habitantes.

Por el contrario, convierte las islas en cárceles donde se alojará a todos los solicitantes de asilo. En otras palabras, viola las disposiciones básicas del derecho internacional y europeo, pero además, crea un peligro aún mayor de tensión, denunció Syriza.

El líder del partido y ex primer ministro, Alexis Tsipras, exigió a su sucesor dejar de golpear a quienes huyen del hambre y la guerra, y poner fin a la doctrina de hacer una vida sin inmigrantes.

Su llamado fue a contratar más personal para acelerar los lentos e ineficientes procedimientos de asilo, según calificó el Tribunal de Cuentas Europeo, al evidenciar el fracaso de los programas de reubicación de migrantes en la Unión Europea (UE) desde el inicio de la crisis en 2015.

El informe del Tribunal muestra también que las peticiones de protección se extienden más de cuatro años en determinados campos de refugiados.

En ese contexto, Syriza urgió el traslado de 20 mil personas de las islas a la Grecia continental, como prometió el Gobierno, y el compromiso de los Estados miembros en la acogida de esas personas.

Los países de la UE acordaron legalmente reubicar a 98 mil 256 migrantes del objetivo inicial de 160 mil, sin embargo, tan solo lograron trasladar a 34 mil 705 (21 mil 999 de Grecia y 12 mil 706 de Italia), de acuerdo con la fuente.

El Tribunal informó que los migrantes trasladados entre 2015 y 2017 representan alrededor del cuatro por ciento del total de solicitantes de asilo de Italia y alrededor del 22 por ciento los de Grecia.

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, alrededor de 90 mil personas, en su mayoría de Asia, África y Oriente Medio, arribaron a Europa a través del mar Mediterráneo este año, mientras otros mil murieron en el intento.

Gracia y la UE se encuentran bajo presión, y como en ocasiones anteriores, la mano dura es la respuesta al aumento del flujo migratorio, en un continente donde predomina la indiferencia y la falta de acuerdo para salvar vidas