Estados Unidos prolonga protección a inmigrantes de Liberia

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Unos 200 mil inmigrantes de Liberia disponen de otro plazo de un año para permanecer en Estados Unidos por decisión del presidente Donald Trump, quien recibió múltiples presiones en aras de favorecer a dichas personas.

Legisladores, activistas de derechos humanos y abogados de derechos civiles exigieron al mandatario republicano la prolongación del programa conocido como Salida Obligatoria Diferida (DED, por sus siglas en inglés).

De esa forma, y a diferencia de casos para otras naciones, el gobernante, cuyas políticas sobre migración reciben críticas a nivel nacional y foráneo, prorrogó el permiso.

En un memorando divulgado por la Casa Blanca y dirigido ayer a los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional, Trump recordó que el 27 de marzo de 2018 señaló que las condiciones en ese país africano habían mejorado.

También rememoró que fijó entonces para pasado mañana la expiración de dicha iniciativa.

Después de una reflexión y revisión, he decidido que es de interés para la política exterior de Estados Unidos prolongar el período por 12 meses adicionales hasta el 30 de marzo de 2020, anotó Trump en el documento.

Consideró, además, que la situación de África en general sigue siendo preocupante para Washington, y destacó a Liberia como un importante socio regional.

Mediante la prolongación, agregó, se preservará el estatus quo mientras que el Congreso considera una legislación compensatoria.

Estados Unidos otorgó a los ciudadanos de Liberia un Estatus de Protección Temporal (TPS) en 1991 debido a la guerra civil en su país, y otra vez lo hizo en 1999.

Ocho años después, Washington convirtió esa variante en el DED, que ha prorrogado seguidamente hasta ahora.

La administración de Trump canceló a inicios de 2018 el TPS a casi 200 mil salvadoreños, y antes actuó de la misma manera con más de 58 mil haitianos y cinco mil nicaragüenses.

Sin embargo, el mes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional anunció la prolongación de esas alternativas hasta el 2 de enero de 2020 para los beneficiarios de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán, en cumplimiento de un fallo judicial contrario a los designios de Trump, quien desea reducir la inmigración ilegal y legal.