Estados Unidos contra inmigrantes pobres, nuevas críticas para Trump

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La regla anunciada por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, con el fin de disminuir la inmigración legal de personas pobres, genera un creciente rechazo al igual que otras políticas del mandatario sobre este tema.

Hecha pública el pasado 12 de agosto y prevista para entrar en vigor 60 días después, la medida aumenta la capacidad de la administración de rechazar las tarjetas verdes (residencia permanente) de inmigrantes dependientes de ayuda gubernamental.

Bajo críticas de defensores de dichas personas, quienes se benefician de cupones para adquirir alimentos y programas sanitarios y de vivienda de bajo costo, la iniciativa define el concepto de ‘carga pública’ en la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Esa norma concede al Departamento de Seguridad Nacional la autoridad para negar a los solicitantes las tarjetas verdes, las visas o la entrada a Estados Unidos si existe la posibilidad de que se conviertan en problemas económicos.

Reportes de prensa recordaron entonces que la mencionada clasificación se ha referido históricamente a alguien que depende principalmente de la administración para subsistir.

El Gobierno de Trump, empeñado en reducir la inmigración ilegal y legal, retrató la regla como una forma de promover la suficiencia y la independencia entre los inmigrantes, apuntó la publicación The Hill.

Según legislaciones vigentes desde 1996, ‘carga pública’ incluye a quien necesita la asistencia gubernamental para recibir más de la mitad de sus ingresos.

De esa forma, expuso la cadena de televisión CNN, solo se contaban beneficios recibidos en efectivo, como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas o Ingresos de Seguridad Suplementarios del Seguro Social.

Ciertamente esperamos que las personas de cualquier ingreso puedan sostenerse por ellas mismas, afirmó el director interino de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, Ken Cuccinelli, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Alguien pobre puede prepararse para ser autosuficiente, así que no veamos eso como si todo fuera el final, agregó el funcionario.

Sin embargo, la recepción de uno o más de los beneficios públicos en 12 meses dentro de un período de tres años por cualquier no ciudadano se considerará un factor negativo para determinar si se convierten en una carga pública.

Además, la regla contiene una lista de otros elementos, como la edad, los cuales se evaluarán juntos para emitir una decisión.

Cuccinelli enfatizó que la determinación es una ‘prueba de la totalidad de las circunstancias’, y la medida no sustituye la acción del Congreso ni socava la necesidad de reformas migratorias más amplias.

Para protectores de los inmigrantes, este paso discriminará a las personas provenientes de los países más pobres, mantendrá a las familias separadas y alentará a los residentes legales a renunciar a la ayuda pública que probablemente necesitan para subsistir.

También, estimaron, penalizará a quienes poseen visado de trabajo y demandan alguna asistencia pública de manera temporal.

Los inmigrantes de la tercera edad que obtienen medicamentos recetados a bajo costo a través de programas subsidiados también podrían verse obligados a dejar esos apoyos o arriesgarse a ser considerados carga pública, y no se les permitiría mantener el estatus de residentes legales, advirtieron.

Mientras, la Casa Blanca recordó que en 1996 el Congreso aprobó dos leyes bipartidistas ‘para ayudar a evitar que los extranjeros exploten los beneficios públicos’.

Pero dicha medida, a juicio de sus críticos, va más allá de lo que pretendían los miembros del Capitolio y discriminaría a los inmigrantes de los países más pobres.

‘La regla refleja una visión oscura de los Estados Unidos, como una nación poco acogedora que quiere alejar a las personas que buscan unirse a su familia, trabajar duro y ascender en la escala económica, basándose en la suposición errónea de que no contribuirán a nuestras comunidades’, opinó Robert Greenstein, presidente del Centro de Presupuestos y Prioridades Políticas.

Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, manifestó que la iniciativa tendrá el ‘impacto más profundo, amplio y a largo plazo’ de todas las políticas migratorias implementadas por la administración de Trump.

Para el representante demócrata Jim McGovern, este paso ‘es cruel, inmoral y mezquino, e impide que los contribuyentes trabajadores de bajos ingresos que están aquí legalmente usen o incluso soliciten programas para los que califican’.

Hasta el 20 de agosto, en medio del rechazo generalizado, una veintena de estados y el Distrito de Columbia presentaron tres demandas conjuntas contra la referida regla.

El último recurso jurídico fue introducido ese día en la corte federal de Manhattan por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, a nombre también de Connecticut y Vermont.

Los colegas de James de California, Maine, Oregón, Pensilvania y esta capital llevaron el 16 de agosto otra demanda a un tribunal federal en la ciudad de San Francisco.

De similar manera actuó el 14 de agosto en un tribunal de distrito de Washington, una coalición de dichos profesionales de ese estado, Virginia, Colorado, Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México y Rhode Island.

A criterio de la última demanda, la regla implementa el ánimo explícito del Gobierno de Trump en contra de los inmigrantes de color.

Tal propuesta se basa en prejuicios raciales y contraviene la jurisprudencia de un siglo, afirma el texto, que apunta también que los inmigrantes dependientes de beneficios no monetarios no pueden considerarse cargas públicas.

‘Simplemente, bajo esta regla, más niños pasarán hambre, más familias se quedarán sin atención médica y más personas vivirán en las sombras y las calles. No podemos y no dejaremos que eso suceda’, aseguró James en un comunicado.