Zuma defiende que no cometió ningún delito al pagar con fondos estatales la reforma de su casa

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Jacob ZumaEl presidente sudafricano, Jacob Zuma, ha negado este lunes haber cometido ningún delito tras haber realizado con fondos estatales una reforma en su casa por valor de 23 millones de dólares (unos 16,7 millones de euros) que justifica en unas mejoras de seguridad necesarias.

    La Defensora del Pueblo, Thuli Madonsela, ha acusado a Zuma de tener una conducta “inconsistente con su cargo” y le ha recomendado pagar parte de las reformas de su casa en Nkandla, en la provincia de KwaZulu-Natal, que incluyen una piscina, un gallinero y un anfiteatro.

Sin embargo, el mandatario ha hecho caso omiso de las críticas. “Vienen y dicen ‘Este tipo usó dinero público’. No soy culpable. No hay caso en mi contra”, ha asegurado durante un acto de campaña cerca de Ciudad del Cabo.

“No hice nada malo. No hice nada”, ha subrayado el presidente en unas palabras muy comentadas en los medios de comunicación locales. Su portavoz, Mac Maharaj, ha asegurado que estas declaraciones han sido “improvisadas”.

El principal partido opositor, Alianza Democrática, ha denunciado a Zuma ante las autoridades por corrupción. Pese al escándalo, los sondeos apuntan a que la formación de Zuma, el Congreso Nacional Africano (CNA), ganará las próximas elecciones.

Sin embargo, durante la última semana varias figuras relevantes del CNA han cuestionado la moralidad de las reformas y han expresado su preocupación por el aumento de la corrupción en el país. El exministro de Finanzas Trevor Manuel ha asegurado que “los contribuyentes no deberían pagar una piscina en una casa privada, independientemente de quién sea”.

Según el periódico ‘Mail and Guardian’, que publicó las reformas, las mejoras realizadas en la vivienda de Zuma incluyen una sala para visitantes, un anfiteatro, una cerca para ganado y una piscina, a la que en los documentos de Obras Públicas menciona como ‘piscina contra incendios’ con el pretexto de que duplicaría la reserva de agua en caso de fuego.

El informe de la Defensora del Pueblo también determinó que algunos de los gastos más legítimos para seguridad, como 20 casas para protección policial, una clínica y dos helipuertos, son excesivos y deberían haber sido ubicados en una localidad próxima para beneficiar a una comunidad mayor.