Zimbabwe lucha contra el terrorismo atacando libertades civiles

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arrested-journalistsPor Busani Bafana

Hace cuatro años, un escritor sin rostro que se hacía llamar Baba Jukwa encendió la red social Facebook al exponer detalles de maquinaciones e intrigas dentro de la gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabwe (ZANU-PF).

Con más de 400.000 “amigos” en Facebook, Jukwa sacudió el ambiente en materia de libertad de expresión en este conservador país de África austral. El enigmático personaje, que se pensaba era un espía dentro de la ZANU-PF, permanece en el anonimato y nunca fue apresado.

Actualmente, el gobierno, con antecedentes de intolerancia hacia la disidencia, no se la juega con las redes sociales luego de lo de Baba Jukwa y redacta un proyecto de ley para perseguir al crimen cibernético y al terrorismo, pero los periodistas temen que aplaste más las pocas libertades de prensa y expresión que quedan.

De ser aprobado el proyecto, la ley contra el Crimen por Computadora y Cibernético se asegurará de frenar de plano a los “abusadores de las redes sociales”, a juzgar por las declaraciones del gobierno, la policía y el ejército.

El comandante del Ejército Nacional de Zimbabwe, teniente general Valerio Sibanda, declaró al diario oficial Herald que su fuerza entrenaba oficiales para hacer frente a “la guerra cibernética en la que las armas, la tecnología de la información y la comunicación, se usaban para movilizar a la gente y causar daño”.

Por su parte, el ministro de Servicios de Radiodifusión y Medios de Información, Chris Mushowe, precisó: “El proyecto no pretende matar la libertad de expresión, no procura silenciar a la población. Si acaso, apunta a que nos unamos a otras naciones en la lucha contra la amenaza del terrorismo”.

“No queremos que pase información por Zimbabwe o que esté aquí y que amenace la seguridad nacional de otros países”, acotó tras una reunión con la embajadora británica, Catriona Laing, en agosto.

La organización defensora de medios Freedom House, con sede en Washington, ubicó en su informe de este año a Zimbabwe, junto a Bangladesh, Turquía, Burundi, Francia, Serbia, Yemen, Egipto y Macedonia, como países donde más se perdió la libertad de expresión en 2015.

La información se ha vuelto la moneda de la expresión personal. Las redes sociales, en especial Facebook y WhatsApp, ofrecen a la ciudadanía una plataforma para reunir y compartir información, ventilar sus tribulaciones cotidianas y hasta organizar acciones públicas contra una situación económica y política en decadencia.

El editor del semanario Zimbabwe Independent, Dumisani Muleya, observó que la vida en este mundo globalizado y dependiente de la tecnología presenta dos grandes desafíos para los gobiernos: combatir el terrorismo y proteger las libertades nacionales.

De aprobado el proyecto de ley “no deberá usarse como herramienta para espiar a la ciudadanía de forma indebida ni reforzar la imagen de Zimbabwe como estado policial, sino principalmente para proteger los derechos de las personas”, añadió.

Un chiste sobre el presidente Robert Mugabe, ahora de 92 años, no es motivo de risa en este país y puede llevar al ocurrente a la justicia y hasta la cárcel.

La organización Abogados de Zimbabwe por los Derechos Humanos representó a más de 150 imputados por insultar al presidente desde 2010, aunque en la mayoría de los casos, se retiraron los cargos.

El presidente del Foro Nacional de Editores de Zimbabwe, Njabulo Ncube, opinó que el proyecto de ley anula la libertad de prensa.

“El futuro es desolador con lo que parece ser la proliferación de duras leyes contra los medios y que buscan criminalizar el periodismo en Zimbabwe”, dijo Ncube, expresidente del Instituto de Medios para África Austral, en diálogo con IPS. “El gobierno teme que se usen las redes sociales como ocurrió con las revueltas de la Primavera Árabe”, añadió.

Las autoridades enredaron las cosas al crear la impresión de que el ciberterrorismo es el resultado de mensajes subversivos, incendiarios y sugerentes compartidos en las redes sociales, cuando en realidad lo que hacen es violar normas polémicas como el Código Penal, la Ley de Intercepción de Comunicaciones y la Ley de Telecomunicaciones.

“Esa permanente confusión instalada en la ciudadanía respecto de qué constituye ciberterrorismo, procura instalar el miedo y la autocensura a la hora de ejercer el derecho a la libertad de expresión, de acceso a la información y de libertad de conciencia”, explicó Ncube.

A pesar de que el gobierno trata de minimizar su efectividad, las redes sociales permitieron a los ciudadanos alzar la voz para amplificar sus luchas. Las medidas represivas procuran combatir a los activistas que reclaman reformas, opinó el director ejecutivo del Consejo de Medios Voluntarios de Zimbabwe, Loughty Dube, también secretario general de la Asociación Mundial de Consejos de Prensa.

En agosto, y dos meses después de una campaña del pastor Evans Mawawire, que logró movilizar a los trabajadores para que hicieran paro, se aprobó la política de Tecnología de la Comunicación e Información Nacional, que habilita al gobierno a espiar a la ciudadanía y a controlar el ciberespacio al colocar todos los portales e infraestructura de Internet bajo una sola compañía bajo su control.

El gobierno busca debilitar el poder de cohesión de las redes sociales dando carta blanca a las autoridades competentes para espiar a la población y hasta bloquear plataformas, pero a pesar de sus medidas restrictivas para dificultar el acceso a ellas, las autoridades no pueden controlarlas, observó el abogado Alex Magaisa.

“En los espacios físicos, el Estado siempre puede desplegar la policía antidisturbios y usar la fuerza física para dispersar a los manifestantes”, escribió Magaisa en su blog Big Saturday Read. “Pero no está bien equipado para manejar a los usuarios de las redes sociales. Estas presentan un nuevo terreno, sobre el cual no tiene control”, añadió.

“Algunas de las razones para impulsar el proyecto, como proteger a los menores y prevenir el odio racial y étnico parecen nobles, pero la mayoría de los críticos opinan que el verdadero motivo que propició una rápida respuesta es político. Esa es la causa de la resistencia, la desconfianza y la sospecha que genera el proyecto de ley”, resumió.

Traducido por Verónica Firme