¿Una cruzada civilizatoria contra África?

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LA SEDE DE LA CPI EN LA HAYA
LA SEDE DE LA CPI EN LA HAYA

CLAUDIA FONSECA SOSA

Con el objetivo de analizar su relación con la Corte Penal Internacional (CPI), sesionó esta semana en Adis Abeba, Etiopía, una reunión extraordinaria de la Unión Africana (UA), organización intergubernamental integrada por la mayor parte de los países del continente.

De las 54 naciones africanas, 34 están representadas en la CPI. Sin embargo, muchas de ellas han criticado al tribunal por considerar que actúa unilateralmente contra África.

La CPI —con 120 miembros en la actualidad— surgió de la necesidad de contar con un tribunal internacional permanente que procesara a aquellos que hubiesen cometido crímenes durante conflictos intra y transfronterizos. El Estatuto de Roma, en vigor des-de el 2002, constituyó las bases legales para la creación de la Corte y los tribunales relacionados. Pero, dado que la CPI no cuenta con un mecanismo de aplicación, se apoya en agencias nacionales del orden para cumplir con las detenciones.

En la actualidad, existen ocho casos abiertos ante los jueces de la CPI: Uganda, la República Democrática del Congo, la República Centroafricana, Sudán, Kenia, Libia, Costa de Marfil y Malí. Todos contra países africanos.

¿Acaso no se consideran crímenes de lesa humanidad las atrocidades cometidas por EE.UU. y sus amigos europeos en Vietnam, Iraq, Afganistán y en cada una de sus «intervenciones humanitarias»?

Según varios gobernantes africanos, la Corte practica «colonialismo judicial», a pesar de que en casos como la República Democrática del Congo o Uganda, han sido sus propios gobernantes quienes solicitaron su intervención.

Con esa perspectiva en la mira, los jefes de Estado y Gobierno que participaron en la cita de dos días solicitaron la postergación de los juicios contra el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, y el vicepresidente William Ruto, acusados por la CPI de ser los autores morales de la ola de violencia durante la crisis posterior a las elecciones del 2007 en ese país.

UHURU KENYATTA (DERECHA), Y SU VICEPRESIDENTE, WILLIAM RUTO
UHURU KENYATTA (DERECHA), Y SU VICEPRESIDENTE, WILLIAM RUTO

La UA demandó, además, que se anule el juicio contra el presidente de Sudán, Omar al Bashir, y aprobó una resolución para pedir a la CPI que no juzgue a los líderes africanos en ejercicio.

Nkosazana Dlamini-Zuma, presidenta de la Comisión de la UA, desmintió las especulaciones sobre el posible abandono de la corte de La Haya por parte del organismo panafricano y recordó que cuando los Estados africanos firmaron el Estatuto de Roma lo hicieron por voluntad propia y en defensa de la justicia internacional. Incluso, muchos países africanos participaron activamente en las distintas fases de negociación para el establecimiento de la CPI.

Destacó, además, que el objetivo de la cita es enviar un mensaje contundente a la Corte para que se tome en serio las preocupaciones de África y no se limite solo a juzgar y condenar a los líderes del continente. La CPI no puede continuar tratando de civilizar a África.

«Nos gustaría que el Consejo de Seguridad de la ONU y la CPI trabajaran con nosotros para asegurar que se consolida el proceso de estabilidad, reconciliación, seguridad y paz», dijo Dlamini-Zuma, quien se refirió en particular al caso de Kenia.

«África ha decidido que no permitirá que se desestabilice Kenia», agregó. La opinión de la UA es que los procesos abiertos por la CPI contra Kenyatta y Ruto obstaculizan la normalización de ese país. Algo parecido a lo que sucedió en Libia cuando criminalizaron a Muamar el Gadafi con el objetivo de aislarlo políticamente.

Mientras, el presidente de turno del Consejo Ejecutivo de la UA y ministro de Exteriores de Etiopía, Tedros Andhanom, consideró que «lejos de promover justicia y reconciliación, la Corte se ha convertido en un instrumento político en contra de África y los africanos».

«Por desgracia —agregó—, las formas con las que la corte ha estado operando, en particular su tratamiento injusto hacia África y los africanos, dejan mucho que desear».

Tedros consideró que los métodos de la CPI podrían llevar al país a una escalada de violencia con repercusión regional. «No necesitamos presiones que se inmiscuyan en la lucha contra la impunidad (… ). Es lamentable que nuestros reiterados llamamientos no hayan llegado a ninguna parte y nuestras preocupaciones hayan sido ignoradas por completo», apostilló.

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