Sudán y sus flamantes estructuras de poder

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Por Oscar Bravo Fong

Con retos aún por delante, como lograr mayor estabilidad política y social, Sudán parece encaminarse hacia ese objetivo con la reciente creación del Gobierno de Transición.

Tras resaltar recientemente ese avance, junto a la conformación del Gabinete y el Consejo Soberano, que integran 11 militares y civiles, el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamet, ponderó que en virtud del documento constitucional, firmado entre las partes en disputa, en Sudán fue posible instituir un Ejecutivo provisional civil hasta las venideras elecciones.

Luego de esos progresos, incluida la conformación de un poder civil, es ya un hecho que la propia Unión Africana, organismo regional integrado por 55 países, decidió readmitir a Sudán en su seno, luego de suspenderla en junio pasado.

Como parte de dicho gobierno provisional, que regirá los destinos de Jartum por tres años, en septiembre se crearon también importantes estructuras como el Gabinete, rectoreado por el primer ministro, Abdallah Hamdok.

Una vez que se alcance la institucionalidad, la cual contempla la conformación de un parlamento provisional, con mayoría de asambleístas de las opositoras Fuerzas para la Libertad y el Cambio, se podrían satisfacer, en opinión de analistas, diversas demandas de organizaciones populares.

Además de la reconstrucción económica de este territorio, rico en petróleo y otros recursos naturales, el nuevo gobierno transitorio se comprometió a continuar con el proceso de implementación del acuerdo de paz en la occidental Darfur.

Esta región, donde actualmente se registran choques entre las milicias yanyauid y diversas comunidades, entre ellas ganaderas, vive sumida en un conflicto armado desde 2003, que dejó saldo hasta la fecha de más de 300 mil muertos y más de dos millones de desplazados, según datos de Naciones Unidas.

Y LOS DERECHOS HUMANOS

En medio de reclamos de diversas organizaciones, el primer ministro Hamdok expresó recientemente que el Ejecutivo creará, por otro lado, un comité independiente que investigará los efectos de las redadas policiales acaecidas el pasado 3 de junio en Jartum.

Durante esas violentas acciones, protagonizadas por agentes del orden, 85 manifestantes murieron y más de 400 resultaron heridos, según la Comisión de Derechos Humanos de Sudán.

El nuevo Comité, que deberá rendir un informe ante el Gobierno en los próximos tres meses lo conformarán siete juristas, entre ellos un juez del Tribunal Supremo y representantes de diversos ministerios.

Los pasos dados por Sudán para la preservación de los derechos cívicos fueron reconocidos por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien suscribió recientemente un acuerdo con el gobierno de ese país para la apertura de oficinas del organismo en Jartum y otras ciudades.

La propia Bachelet, tras la rúbrica del convenio resaltó la persistencia de los ciudadanos sudaneses en sus demandas y ofreció su apoyo para contribuir a que ‘los Derechos Humanos permeen la transición en Sudán’.

Otra tarea a la que se abocan las flamantes autoridades de Jartum es garantizar la seguridad de las extensas fronteras de ese Estado con países vecinos, como la inestable Libia y República Centroafricana.

Tal decisión cobra relevancia en momentos en que Sudán se considera una nación de origen y tránsito para la migración ilegal y la trata de personas, muchas de las cuales buscan llegar a territorio europeo tras pasar por Libia y Egipto.

Pese a que amainaron las antigubernamentales protestas en este empobrecido estado africano, en sus calles prevalece un tenso ambiente, como compás de espera ante las anunciadas transformaciones de orden político y social que se avecinan.

Sudán, país polarizado de África Subsahariana, donde aumentó la inestabilidad política y social desde el 11 de abril pasado a raíz de la renuncia del presidente, Omar Hassan al-Bashir, y la represión contra manifestantes, al parecer camina hacia la tan ansiada paz.

Aún con ese deseo latente, no pocos escépticos se preguntan si verdaderamente la actual cúpula militar, que controla los ministerios del Interior y Defensa, está dispuesta a ceder prerrogativas y poder dentro del actual Gobierno transitorio.