Sudán: tránsito por un período de trascendentales cambios

0
88

Por Oscar Bravo Fong *

El gobierno de transición de militares y civiles en Sudán trabaja por estabilizar el país mediante el cumplimiento de exigencias políticas y económicas que involucran a grupos armados y fuerzas populares.

Con la mediación del vecino Sudán del Sur, el cual se separó de Sudán en 2011, el actual Ejecutivo provisional de Jartum, que gobierna por 39 meses, dialoga con el Frente Revolucionario de Sudán, el cual aglutina a grupos armados, para suscribir un acuerdo de paz definitivo.

Expertos políticos consideran que la concreción de ese convenio entre el gobierno y agrupaciones insurgentes de las regiones de Darfur, Nilo Azul y Kordofán del Sur, pondría fin a décadas de derramamiento de sangre en esas importantes áreas.

Sólo en la occidental Darfur, donde la discriminada etnia africana dedicada a la agricultura se enfrenta a las milicias Yanyauid, controladas por grupos de origen árabe y con alegado respaldo del Ejército, se reportaron desde 2003 más de 350 mil muertos y unos 2,5 millones de desplazados, de acuerdo con organizaciones humanitarias.

Al calor de ese convulso panorama, recientemente el presidente del Consejo Soberano de Transición, teniente general Abdel Fattah Al-Burhan, valoró que para su gobierno completar el proceso de paz en ese país africano constituye la máxima prioridad.

En diversos escenarios, por su parte, el máximo representante de los movimientos de lucha armada, Mohamed Bashir Abu-Namma, ha reiterado que los integrantes de esas formaciones apoyan el actual proceso en curso en el territorio nacional.

Sin embargo, en opinión de analistas, más allá de las buenas intenciones, las estructuras de gobierno y los grupos armados mantienen aún discrepancias en cuanto al reparto de poder a escala nacional, con demandas que Jartum considera excesivas, y la reforma de las agencias de seguridad.

Tales movimientos piden, entre otras exigencias, que se les concedan cuatro plazas en el Consejo Soberano, nueve ministerios en el gobierno transitorio y 140 de los 300 peldaños en el parlamento, según medios de prensa locales.

Las agrupaciones de Darfur reclaman, por otro lado, el control del 60 por ciento de las instituciones de esa área geográfica y la entrega de un presupuesto ascendente a unos 13 mil millones de dólares.

Bajo presión popular, sobre todo de las denominadas Fuerzas para la Libertad y el Cambio (FLC), el ejecutivo provisional fue obligado, por otra parte, a crear una comisión para investigar las violaciones cometidas por organismos de seguridad el 3 de junio de 2019 contra grupos de manifestantes asentados frente a un cuartel militar en Jartum.

Organizaciones cívicas como las Familias de los Mártires de la Revolución y los Comités de Resistencia, junto a diversas fuerzas populares solicitan, en medio de un clima de tensiones políticas en ese país, que el gobierno de transición -el cual asumió en septiembre pasado- cree tribunales especiales para juzgar a los autores del sangriento ataque contra los movilizados.

Las opositoras FLC denunciaron que fueron masacradas 128 personas, en tanto el Ejecutivo admitió sólo 61.

De acuerdo con un reciente informe de dicho comité, las indagaciones marchan de forma positiva ya que más de tres mil testigos hicieron declaraciones en torno a las violentas acciones y se examinan más de un centenar de videos relacionados con la masacre.

DESAFÍOS ECONÓMICOS

Además de los retos políticos, el gobierno de transición de Sudán, el cual sucede al ejecutivo del depuesto presidente Omar Hassan Al-Bashir (1989-2019), encara una profunda crisis económica que, según expertos, impide mayor avance en el proceso de recuperación de esa importante área.

Ya el propio Bashir, quien dimitió el 11 de abril de 2019 en medio de multitudinarias manifestaciones que se opusieron a la pretensión del gobernante de acceder a un nuevo mandato mediante elecciones, soportó también el descontento social por el aumento del precio de alimentos esenciales como el pan.

La situación parece haber empeorado, ya que además de la escasez de comestibles en medio de la expansión de la Covid-19, la nación enfrenta una elevada tasa de inflación, asociada a la devaluación de la moneda nacional frente al dólar y al incremento de los precios de cereales, carne, leche y pan, corroboró en un documento la Oficina Central de Estadísticas.

Según esa entidad, en abril pasado la tasa de inflación ascendió el 99 por ciento, en relación con el 82 registrado en marzo.

Con fuertes sanciones económicas impuestas contra Sudán por el gobierno de Estados Unidos, que tiene a ese Estado en una lista como patrocinador del terrorismo, la nación del noreste africano presenta, entre sus problemas, insuficientes fondos para adquirir productos en el exterior, además de una deuda externa ascendente a unos 62 mil millones de dólares.

En medio de esa situación, el Fondo Monetario Internacional, como organismo crediticio internacional, propuso ayudas financieras a Jartum.

Sin embargo, tal asistencia tiene como condicionante una previa aplicación de las consabidas fórmulas de estructurales ajustes macroeconómicos y recortes sociales, lo que, en opinión de analistas, podría causar junto a más privatizaciones, miseria en sectores poblacionales vulnerables en ese país.

Aunque estados occidentales y árabes prometieron recientemente en una conferencia de donantes, celebrada en Berlín, aportar a Sudán mil 800 millones de dólares para reactivar su economía, especialistas financieros consideran que la cifra es muy insuficiente para llevar a cabo la ingente tarea de reconstrucción económica.

Con obstáculos de orden político y económico que vencer, las autoridades transitorias sudanesas tienen el reto de afianzar cambios en esas áreas para que el país, con una deteriorada base productiva por años de guerra, pueda recuperarse, consolidar la paz y realizar elecciones generales en 2022.