¿Sudán se encamina hacia nuevos cambios políticos y sociales?

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Por Oscar Bravo Fong

En medio de un caldeado ambiente político en Sudán, las opositoras Fuerzas para la Libertad y el Cambio (FLC) y el gobernante Consejo Militar de Transición (CMT), reafirman su voluntad de establecer las autoridades provisionales.

Tal decisión tiene como base la firma entre ambas formaciones de un acuerdo político y la Declaración Constitucional, que reparte el poder entre civiles y militares en la etapa transicional, la cual se extenderá por tres años.

Mediante ese pacto el Consejo Soberano será el organismo supremo de poder durante el mencionado período, hasta la organización de comicios presidenciales, según estipula la Declaración suscrita por ambas partes, que en su versión definitiva será ratificada el 17 de agosto.

Este Consejo, en el que gran parte de la sociedad civil cifra ahora sus mayores esperanzas para el impulso de estructurales cambios políticos, económicos y sociales en este territorio, tendrá una nomenclatura singular.

La estructura estará conformada por cinco civiles, cinco militares y otro miembro independiente, elegido por votación general, según versiones oficiales.

Como parte del convenio, resalta que en el proyectado Consejo de Ministros, las carteras de Defensa y del Interior serán nombradas por el CMT, lo cual suscita preocupación en amplios sectores sociales al ser esos puestos claves en el funcionamiento de cualquier gobierno.

Los restantes cargos del conglomerado ministerial serán designados por las FLC, que también tendrá a su cargo la nominación del primer ministro (20 de agosto).

Hasta el momento, existe consenso entre los partidos y organizaciones civiles que integran las FLC para designar al economista Abdallah Hamdok para el cargo de primer ministro, según corroboró la publicación Sudan Tribune.

Ese propuesto representante gubernamental conformará a su séquito ministerial a partir de una lista de tres candidatos aportados para cada ministerio.

Algunos escépticos vaticinan que el acuerdo de Declaración Constitucional podría fracasar, como otros anteriores, debido a que grupos armados manifestaron su desacuerdo con aspectos contenidos en el documento.

GRUPOS ARMADOS EN DESACUERDO 

El pacto deroga una disposición relevante que establecía ‘que los acuerdos de paz que se pretenden concluir prevalecerían sobre cualquier otra carta como el acuerdo político y el documento constitucional’, sostuvo el líder adjunto del Frente Revolucionario Sudanés (FRS), Gibril Ibrahím.

Por su parte, el integrante del FRS Minni Manawi advirtió a través de su cuenta en Twitter que esa agrupación armada presentó un proyecto para romper el histórico desequilibrio estructural de Sudán que impide establecer la paz, ‘sin embargo, ha sido defraudada’.

Ante esas opiniones, el movimiento cívico popular afirmó en un documento que sigue comprometido con la búsqueda incesante de una paz amplia e inclusiva en Sudán durante el período de transición.

También, por otro lado, diversos actores esperan que el CMT y las FLC lleguen a nuevos consensos políticos con grupos armados aún activos, para de esa forma garantizar el frágil proceso de paz en este país africano, donde existe un prolongado conflicto armado en la occidental región de Darfur.

No obstante esas opiniones, el representante de las FLC Omar al Daqir valoró que la suscripción del convenio abre una nueva etapa en la historia sudanesa, juicio con el que coincidieron representantes de la Unión Africana (UA).

Esa organización regional, que agrupa a 55 países del área, actúa como mediadora en el conflicto entre las partes de Jartum.

Precisamente, el embajador Mohamed Dreir, enviado especial de Etiopía para Sudán, expresó a medios de prensa que la firma de la Declaración Constitucional demuestra que África puede solucionar por sí misma los problemas internos, sin interferencia foránea.

Con el aparente objetivo de calmar los ánimos y encauzar al futuro Ejecutivo, el Consejo Militar provisional se comprometió el pasado 9 de agosto, por otro lado, a juzgar a los militares participantes en Jartum en la violenta represión contra manifestantes, ocurrida el 3 de junio último.

Esa demanda fue reivindicada por organizaciones opositoras, luego de que el Comité de Médicos de Sudán refrendó que durante la dispersión de los inconformes, los cuales pedían la transición hacia un gobierno civil, murieron más de un centenar de civiles.

Al calor de una gran conmoción popular, el cuestionado CMT, al que se acusó de amparar a paramilitares fuerzas de despliegue rápido, admitió, sin embargo, que 61 civiles perecieron durante la dispersión de los implicados en la sentada.

Pese a que amainaron las antigubernamentales protestas en este empobrecido estado africano, en sus calles prevalece un tenso ambiente, como compás de espera ante los eventuales cambios que se avecinan, como la constitución de un nuevo Ejecutivo.

Sudán, país polarizado de África Subsahariana, donde aumentó la inestabilidad social desde el 11 de abril pasado a raíz de la renuncia del presidente, Omar Hassan al-Bashir, y la represión contra manifestantes, al parecer camina hacia la tan ansiada paz.

Aún con ese deseo latente, no pocos escépticos se preguntan si verdaderamente la actual gobernante cúpula militar está dispuesta a ceder prerrogativas y poder en un proyectado futuro Gobierno con faz popular.