Sudáfrica: salida para pagar subsidios

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El pago de las subvenciones sociales a más de 17 millones de beneficiarios existentes hoy en Sudáfrica, al parecer ya tomó, de momento, el cauce.

La sentencia emitida este viernes por la Corte Constitucional pone por ahora punto final a una controversia que semejaba interminable y allana el camino para que el 1 de abril todos cobren su dinero.

La conclusión es una victoria para que reciben estas subvenciones, en particular los niños vulnerables, las personas con discapacidad y de edad, para quienes la asistencia es un salvavidas, señaló la ministra de Desarrollo Social, Bathabile Dlamini.

Dlamini se disculpó ‘sinceramente ante todos los beneficiarios por la ansiedad y el miedo que tuvieron que soportar en las últimas semanas’.

El fallo amplía a 12 meses -a partir de esa fecha- y de forma excepcional el contrato entre la Agencia de Seguridad Social de Sudáfrica (Sassa) y la empresa privada Cash Paymaster Services (CPS) con los mismos términos y condiciones, y bajo estricta supervisión.

Según la explicación de los magistrados, los términos y condiciones contenidos en el veredicto incluyen el control y salvaguarda de los datos personales de los remunerados para que estos no se utilicen con ningún otro fin.

El amaBhungane, un Centro de Periodismo de Investigación registrado en Sudáfrica, asegura que la firma estadounidense Net 1 usa el contrato de subvención social de su subsidiaria CPS como una puerta secreta para obtener información de los clientes.

Un estudio sobre el tema plantea que ‘esto siempre fue prohibido’, pero Net 1 utiliza los archivos para hacer miles de millones vendiendo préstamos, seguros y otros productos financieros a los beneficiarios.

Sassa contrató a CPS en 2012 para pagar subsidios sociales a nivel nacional. Desde entonces la empresa inscribió a esas 17 millones de personas a las que dio tarjetas y cuentas con Grindrod Bank, un subcontratista.

El acuerdo de Sassa prohíbe de manera explícita a CPS y sus subcontratistas llegar a las historias individuales para cualquier cosa que no sea sufragar las subvenciones.

La Corte Constitucional también ordenó que dentro de los 30 días siguientes a la finalización del período de vigencia del contrato, CPS presentará ante el tribunal los estados comprobados de los gastos incurridos, así como los recibidos y el beneficio neto en virtud del acuerdo.

Además, indicó a Sassa hacer una verificación auditada independiente de las declaraciones proporcionadas por CPS en un plazo de dos meses, que aprobaría el Tesoro Nacional.

Al mismo tiempo, se exigirá a la compañía de pagos que permita a los auditores nombrados por la Agencia del gobierno el acceso a su información financiera.

Tanto la ministra Dlamini como Sassa tendrán la obligación a su vez de ofrecer un reporte sobre las declaraciones juradas en el tribunal cada tres meses, con el objetivo de advertir cómo garantizar la entrega de los subsidios después de la expiración del contrato y qué medidas se tomarán para evitar que se afecten los beneficierios.

Al indagar sobre este ‘complejo y delicado asunto’, como refirieron algunos entrevistados a Prensa Latina, las opiniones coincidieron en que la cuestión aflora ‘cuando el gobierno decide revisar el sistema de seguridad social que se encuentra en manos de empresas privadas’.

El contrato con CPS, declarado inválido por el Tribunal Constitucional en 2014, habría llegado a su fin el 31 de marzo próximo.

Sin embargo, hoy la Corte suspendió la invalidez para que el dinero continúe entregándose mientras Sassa busca otro plan.

Una fuente, bajo anonimato, subrayó a este medio de prensa que quizás un error del Departamento de Desarrollo Social fue no prever cómo reemplazar o designar un nuevo proveedor de esos servicios y subestimar la magnitud del problema.