Solución constitucional o política, esa es la cuestión en Argelia

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Parecieran antípoda, pero en la coyuntura que atraviesa Argelia la solución constitucional -actualmente en curso- y la política se erigen como la combinación más sensata para abrir una transición que reencauce al país tras la dimisión de Abdelaziz Bouteflika.

Una vez salido de escena el presidente del Consejo Constitucional, Tayez Belaiz, quien renunció el 16 de abril, bastaría que también lo hicieran el jefe de Estado interino Abdelkader Bensalah y el primer ministro Noureddine Bedoui, para dejar allanada la salida más viable de la crisis: la política.

Analistas y directivos de medios de prensa que debido a sus responsabilidades oficiales prefirieron no ser citados explicaron a Prensa Latina que la verdadera transición podría emanar de la voluntad popular, si la presión de la calle hiciera posible el panorama arriba enunciado.

Belaiz, de 71 años; Bedoui (59) y Bensalah, que estuvo 17 de sus 77 años al frente del Consejo de la Nación (Cámara alta del Parlamento), representan las ‘tres B’ más reprochadas de la palestra política argelina en virtud de sus fuertes compromisos con el ya exjefe de Estado.

En todas las movilizaciones las consignas impresas en pancartas o gritadas a coro exigen la dimisión de esas tres figuras para propiciar el ‘cambio radical’ y la ‘limpieza total del sistema’ que personificaron el Frente de Liberación Nacional (FLN) desde hace casi 60 años y Bouteflika durante 20.

A punto de entrar en el noveno viernes consecutivo de multitudinarias protestas en toda la nación africana, los manifestantes insisten en que se apliquen los artículos siete y ocho de la Constitución argelina frente al 102 que invocó el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Ahmed Gaid Salah.

Gaid Salah, también viceministro de la Defensa Nacional, precipitó la dimisión de Bouteflika el 2 de abril último haciendo valer el 102 y capitalizando la credibilidad y respeto que el Ejército Nacional Popular (ANP, por sus siglas en francés) tiene entre la mayoría de la población.

El 26 de marzo afirmó que el artículo 102 de la Carta Magna permitía inhabilitar al octogenario estadista por ‘enfermedad grave y duradera’, logrando a priori más de lo que los manifestantes querían cuando el 22 de febrero tomaron calles y plazas para impugnar el pretendido quinto mandato.

Las fuentes consultadas sostienen que la Constitución no hace referencia explícita a ‘período de transición’, aunque traza la senda para la sucesión presidencial mediante la declaración de vacante por el Consejo Constitucional y la designación de un nuevo mandatario por las dos cámaras del Parlamento.

Llegados a este punto, Bensalah asumió el pasado día 9 las riendas del Estado argelino por un período máximo de 90 días en el que tiene que organizar elecciones presidenciales, sin posibilidad de postularse (102), y ya las convocó para el 4 de julio.

Si bien se siguen los derroteros de la ley de leyes, las movilizaciones se radicalizan en la misma medida en que la vieja guardia se aferra a puestos clave de la cúpula de poder y pretende manejar la transición, con elecciones incluidas, a pesar de reprochársele un supuesto pasado manchado de fraude.

Los partidos políticos opositores ya anunciaron que no concurrirán a los comicios del 4 de julio, gran número de jueces adelantó su negativa a supervisarlos y validarlos, y el movimiento popular que se manifiesta en la calle ni tiene líderes ni podría organizarse con vistas a la votación.

No es casual que a la luz de tal atolladero político, el jefe del Estado Mayor del Ejército volviera a intervenir con mensajes claros y algunos subliminales, pero sobre todo con advertencias a políticos y ciudadanos.

En un comunicado del Ministerio de Defensa, Gaid Salah ratificó que el ANP ‘respeta perfectamente las disposiciones de la Constitución para conducir la transición’, pero -aclaró- ‘todas las perspectivas posibles siguen abiertas a fin de superar las dificultades y hallar una solución a la crisis’.

Recalcó, asimismo, el compromiso ‘inamovible’ del ANP de ‘acompañar la fase de transición’, y subrayó una vez más ‘la necesidad de seguir la vía de la sensatez y de la paciencia ya que la situación al comienzo de esta transición es excepcional y compleja’.

El militar de alto rango enfatizó ‘el compromiso de apoyar a las instituciones estatales’ y urgió a todos a ‘encontrar una solución a la crisis cuanto antes, porque la situación no puede perdurar más, en vista de que el tiempo se agota’.

Muchos consultados coinciden en que la ‘mejor solución’ sigue siendo la fórmula político-constitucional: renuncia de todos y con ese vacío de poder, el pueblo haría valer sus poderes recogidos en los artículos siete y ocho.

El acápite siete refiere que ‘el pueblo es la fuente de todo poder’ y ‘la soberanía nacional reside exclusivamente en el pueblo’, y el ocho añade que ‘el poder constituyente pertenece al pueblo’ y que ‘el pueblo ejerce su soberanía por medio de las instituciones que se dan’.

Además, indica que tal soberanía ‘la ejerce también por vía de referéndum y mediante sus representantes elegidos’, y que ‘el presidente de la República puede directamente recurrir a la expresión de la voluntad del pueblo’.

Amparado en esos textos, se reafirma como válida la opción de que, sin ninguna figura del viejo sistema (el aún vigente) en el poder, se proponga para la conducción provisional del Estado una suerte de coité o consejo presidencial o, en su defecto, se elija una personalidad aceptada por todos.

Suman mayoría quienes aquí creen inevitable el escenario de una transición prorrogada por consenso nacional, en lugar de las presidenciales de julio, y evitar así una confrontación político-social que, además de acentuar el estancamiento, podría derivar en violencia con consecuencias impredecibles.

Incluso, ya gana aceptación la alternativa de ajustar el calendario a otra efeméride patriótica y, en lugar de votar en la víspera del día de la independencia del dominio colonial francés (5 de julio de 1962), hacerlo previo al día de inicio de la revolución argelina (1 de noviembre de 1954).