Región somalí, ¿una bomba de tiempo para la estabilidad en Etiopía?

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Por Richard Ruíz Julién
El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, electrificó al país con una serie de reformas desde que asumió el cargo en abril, pero los enfrentamientos étnicos apuntan a tensiones un poco más difíciles de resolver, opinan expertos.

Los analistas puntualizan que es preciso mucha más atención del Gobierno a esas revueltas para garantizar que todos los ciudadanos puedan beneficiarse de la audaz agenda de cambio de Ahmed.

Los disturbios entre las etnias somalíes y los Oromos surgieron por primera vez a lo largo de la frontera entre las provincias en septiembre de 2017, lo cual dejó a casi un millón de personas desplazadas y centenares de muertos, aunque las cifras no se hicieron oficiales.

El espectacular aumento de la violencia parecía ser causado por los derechos de pastoreo, a pesar de que las tensiones entre esas dos comunidades tenían muchas otras causas complejas: local, regional, política y económica, refirió a Prensa Latina el comentarista Girmachew Gashaw.

En aquel entonces, Ahmed aún no era el líder del país; sin embargo, como vicepresidente del estado regional de Oromia, supervisó los esfuerzos para contener la situación. Desafortunadamente, logró un éxito mínimo, agregó el especialista.

No obstante, los choques disminuyeron gradualmente y cuando llegó al poder, la seguridad estaba mejorando en el área, incluso el regreso de quienes debieron abandonar sus hogares durante el conflicto estaba a punto de comenzar, recordó Gashaw.

Pero pronto se hizo evidente que el presidente de la región somalí, Abdi Mohammed Omar, no apoyaba la agenda de reformas. Omar permaneció leal al Frente de Liberación del Pueblo Tigray (TPLF), que dominó la coalición gobernante antes de que el actual premier ascendiera.

Con el respaldo del TPLF, se negó repetidamente a reunirse con funcionarios de la administración federal y dejó en claro que no estaba dispuesto a colaborar con ellos para que el territorio volviera a la normalidad.

Además, continuó utilizando fuerzas paramilitares conocidas como Policía ‘Liyu’ para atacar a los Oromos étnicos a través de las fronteras estatales.

Así, a principios de julio, salieron a la luz informes sobre torturas en una prisión notoria en la zona y el propio Consejo de Derechos Humanos de Etiopía también presentó pesquisas que detallaban los abusos cometidos por las autoridades locales.

Las denuncias pronto fueron corroboradas por protestas populares generalizadas contra el sistema de dirección de Omar, las cuales según reportes del diario The Ethiopian Herald se intentaron reprimir utilizando amenazas y violencia.

En ese contexto, el jefe de Gobierno se sintió obligado a intervenir y envió allí a la Fuerza de Defensa el 3 de agosto, aunque la llegada del Ejército provocó una escalada violenta.

Los efectivos intercambiaron disparos con las fuerza Liyu y las mozas leales a Omar atacaron negocios que pertenecen a residentes no somalíes. Algunas iglesias ortodoxas también fueron quemadas en la capital de la región, Jigjiga y el líder amenazó con separarse de la federación mediante el uso del Artículo 39 de la Constitución, que otorga a los estados regionales el derecho a la autodeterminación, incluida la secesión.

La situación pareció calmarse después de un par de días violentos; Abdi Mohammed Omar fue obligado a dimitir y finalmente arrestado, pero los Liyu dirigieron ataques transfronterizos en el distrito oriental de Hararghe. Al menos 40 Oromos fueron asesinados en esos eventos.

El primer ministro debería considerar los recientes acontecimientos como una llamada de atención y comenzar a implementar reformas estructurales en el sistema federal que podrían ayudar a mejorar las relaciones étnicas, manifestó el investigador del Centro de Estudios Estratégicos, Tsegaye Tilahun.

Para Tilahun, la variante que ha existido en Etiopía desde 1995 claramente no ha logrado alimentar la tolerancia entre los diversos grupos; la forma actual está acentuando los conflictos de intereses y exacerbando la polarización en lugar de promover valores de coexistencia, unidad y solidaridad.

Aunque la carta magna garantiza la libertad de circulación dentro del país a cada ciudadano, las constituciones regionales contienen artículos que asignan la ‘propiedad’ de los estados a los grupos étnicos mayoritarios, con la excepción de la inclusiva de Amhara.

Como resultado de esos apartados, aunque etíopes de diversos orígenes vivieron durante mucho tiempo en casi toda la geografía nacional, cuando surgen tensiones, quienes residen en áreas dominadas por otros conjuntos étnicos corren el riesgo de ser percibidos como ‘colonos’.

Los observadores consideran que Ahmed necesita tomar medidas drásticas para evitar que sus adversarios usen las fallas del federalismo para alimentar otros conflictos y evitar así que episodios aleatorios se conviertan en una bomba de tiempo para la estabilidad de Etiopía.