Protagonismo y relegación de la mujer rural: dueto indeseable

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Por María Julia Mayoral

Las mujeres rurales son un tercio de la población mundial y por sus manos pasa el 50 por ciento de la producción global de alimentos, pero ¿de qué les sirve tal protagonismo?, invitan a sopesar estadísticas internacionales.

Ellas tienen un rol fundamental en la sustentabilidad de la tierra, la familia y el tejido social, señaló la experta argentina Susana Balbo, en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, en inglés) de Naciones Unidas, cuya sesión anual tuvo lugar en marzo.

Mejorando su situación, agregó la funcionaria, podríamos aumentar entre un 20 y un 30 por ciento la producción internacional de comestibles provenientes del agro.

En muchas regiones, ellas constituyen hasta el 60 por ciento de la fuerza agrícola, pero solo el 13 por ciento posee la tierra que labra y los desequilibrios de poder les imposibilitan controlar sus ingresos, advirtió la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka.

Hay 400 millones de agricultoras que trabajan muy duro para que todos tengamos comida en el plato, pero lo hacen en casi total invisibilidad, dijo la representante de Naciones Unidas en la reunión de la CSW.

Otros aspectos a tener en cuenta, consideró, es que la mitad de las mujeres rurales pobres de los países en desarrollo carecen de alfabetización básica; en tanto, 15 millones de niñas en edad de asistir a la escuela primaria no pueden hacerlo.

A juicio del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, la equidad de género es una cuestión de poder: ‘Y el poder nunca se da, siempre se toma’, por tanto, ‘hombre y mujeres necesitamos movilizarnos juntos porque la igualdad entre unos y otros nos beneficia a todos’.

La iniquidad resulta multidimensional: en 25 países las leyes impiden a las mujeres conferir su nacionalidad a los hijos, denunciaron ONU Mujeres, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Mientras en más de 50 naciones, ellas no poseen los mismos derechos que los hombres para obtener, cambiar o conservar su nacionalidad, en violación de los derechos humanos, añadió el pronunciamiento.

Según la recomendación general No. 34 sobre los derechos de las mujeres en zonas rurales, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ‘los Estados partes deberían velar por que las mujeres rurales puedan adquirir, cambiar, conservar, o renunciar a su nacionalidad, o transmitirla a sus hijos o a su cónyuge extranjero, en las mismas condiciones que los hombres’.

Si las habitantes del campo pudieran trabajar a la par de los hombres habría entre un 12 y un 17 por ciento menos de hambre en el planeta, apuntó Balbo, al frente del foro W20 Argentina (integrante de una iniciativa de género del Grupo de los 20).

Para la directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional, Arancha González, hay tres factores claves que denotan la inequidad de género en el ámbito agrario: el acceso a las tierras y a los recursos productivos, a los servicios públicos y a los instrumentos necesarios para trabajar en el contexto del cambio climático.

UNA OJEADA A AMÉRICA LATINA

Estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) aseguran que en América Latina y el Caribe entre el ocho y el 30 por ciento de las explotaciones agrarias están a cargo de una mujer.

Aunque la proporción va en ascenso, ‘sus predios son siempre los más pequeños y en tierras de menor calidad, con menos acceso a crédito, asistencia técnica y capacitación’, evaluó la entidad.

Si bien el porcentaje de productoras aumentó en más de cinco puntos durante una década, la lectura no resulta positiva al expresar un fenómeno de feminización del campo en condiciones muchas veces precarias.

El panorama regional resulta heterogéneo en cuanto al peso de las mujeres jefas de explotación; no obstante, datos cuantitativos avalan que ellas tienen una representación considerablemente mayor en el estrato menos capitalizado de la agricultura familiar, alertó la FAO. Al decir del organismo, la brecha de género en la propiedad de la tierra está relacionada, de manera histórica, con factores como la preferencia masculina en la herencia; los privilegios de los hombres en el matrimonio y la tendencia a favorecerlos en la distribución de las posesiones por parte de las comunidades campesinas e indígenas y los programas estatales.

Durante décadas recientes, muchos países del área realizaron modificaciones legales en relación con el acceso a la tierra en pro de la equidad, ‘pero no han tenido efectos considerables’, juzgó la dependencia de Naciones Unidas.

En América Latina, precisó la fuente, el 40 por ciento de las mujeres rurales mayores de 15 años no tienen ingresos propios, aunque ‘trabajan a diario y mucho’. Ellas son en su mayoría trabajadoras invisibles para las estadísticas oficiales, como también sus necesidades y problemas. Estadísticas oficiales atestiguan que en México solo el 12,5 por ciento de las mujeres del campo cuentan con cobertura de salud, mientras alrededor del cinco por ciento de las niñas entre seis y 14 años no asisten a la escuela y un 15 por ciento de las adultas en edad productiva no percibe ingreso alguno por su participación en el mercado laboral.

Frente a esos rezagos, el gobierno mexicano impulsa programas específicos como parte de la agenda de género, aseguró la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz, al intervenir en la CSW de Naciones Unidas.

Sobre el tema, la especialista de ONU Mujeres Raquel Coello llamó a tener en cuenta que América Latina logró reducir los índices de miseria durante los últimos años; sin embargo, la feminización de la pobreza aumentó, en especial entre indígenas y en el área rural.

El caso de Cuba, reconocieron en la edición 62 de la CSW, muestra realidades bien distintas, como expresión de políticas de estado con alta vocación humanista y emancipadora.

‘En diferentes paneles he escuchado con mucha frecuencia las mismas solicitudes: acceso al agua, igualdad salarial para mujeres y hombres, posibilidades de un empleo digno. Para las cubanas, esas demandas ya son aspectos ganados, observó la diputada Yaneidis Pérez, integrante de la delegación de la isla al foro en Nueva York.

Más de 20 mil mujeres rurales en Cuba poseen la propiedad de sus tierras y tienen las mismas oportunidades y posibilidades que los hombres, expuso la legisladora, quien es propietaria de terrenos agrícolas en la oriental provincia de Las Tunas.

Pérez también destacó la gestión de organizaciones civiles como la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), en un contexto en el que ‘cada día vamos construyendo la cultura de la igualdad de género, aunque todavía nos queda mucho más por hacer hacia lo interno del hogar y en las familias’.

Al decir de la representante permanente de Cuba ante la ONU, Anayansi Rodríguez, las mujeres rurales de su país se benefician, además, de la articulación de alianzas entre diferentes ministerios de la administración pública, la FMC y otras agrupaciones de la sociedad civil.

Actualmente, destacó, la presencia de diputadas en la Asamblea Nacional del Poder Popular asciende a 53,22 por ciento, ello posiciona al parlamento cubano como el segundo con mayor participación femenina a escala internacional.

La sesión de la CSW en 2018 subrayó que las mujeres y las niñas del ámbito rural son claves para el desarrollo sostenible, por lo tanto, sus derechos y progreso deben recibir prioridad.

Entre las medidas y recomendaciones del foro figura la ejecución de reformas a fin de eliminar leyes discriminatorias y asegurar a la mujer igualdad en el acceso a tierras, recursos naturales y herencias.

El documento aprobado por la Comisión de la ONU llamó a cerrar la brecha de género en la educación secundaria y superior en las localidades rurales, a ofrecer servicios sociales que reduzcan el trabajo femenino no remunerado y a garantizar salarios similares a los de los hombres por igual faena.

También recomendó mejorar las infraestructuras y tecnologías en el ámbito rural, acelerar las gestiones para acabar con la violencia contra las mujeres e incrementar inversiones en favor de la seguridad alimentaria y la cobertura sanitaria universal. Para la secretaria ejecutiva de ONU Mujeres, el texto ‘es un paso adelante vital’, aunque hace falta que los gobiernos y sociedad civil mantengan sus compromisos para hacer realidad las acciones pactadas.