Presidente ugandés deplora malversación con fondos para refugiados

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El presidente de Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, deploró la malversación relacionada con la administración de los fondos internacionales para los refugiados en este país africano.

Hablando en el distrito de Luweero (centro), la cuna de la guerra de guerrillas que lo llevó al poder hace 32 años, Museveni se refirió públicamente por primera vez a las acusaciones vertidas contra miembros de la oficina de su Primer Ministro implicados en el asunto.

Se supone que nadie debe aprovecharse de los refugiados. Yo fui un refugiado en Tanzania. Había personas que me maltrataban mientras estaba en Tanzania y ahora que soy presidente me encuentro con una persona así en Uganda. ÂíNo se puede tolerar!, manifestó.

El jefe de Estado recordó que la ayuda a los acogidos no es un ‘favor’, porque las leyes internacionales garantizan la protección de las personas que no se sienten seguras en sus hogares.

Museveni añadió que los culpables hallados después de las investigaciones en curso enfrentarán la fuerza total de la Ley.

La pasada semana, la oficina del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para Refugiados (Acnur) felicitó al Gobierno de Uganda por las medidas tomadas tras las denuncias.

Hace unos 15 días, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y otros importantes donantes pidieron al gobierno del país africano investigar un fraude de ‘cientos de millones de dólares’ en los fondos, en el que estarían involucrados miembros del ejecutivo.

En particular fue señalado el primer ministro, Ruhakana Rugunda, y varios de sus colaboradores más cercanos, acusados de inflar el número de refugiados para recibir más dinero.

Las acusaciones de fraude incluían la falsificación de documentos de entrega de comida y el pago de coimas por parte de los refugiados para acceder a servicios que debían ser gratuitos.

Desde que salió a la luz este posible fraude, Uganda ha suspendido a cuatro oficiales, incluido el comisionado para refugiados, Apollo Kazungu, y también se aprobaron medidas administrativas inmediatas como realizar el registro biométrico de los acogidos del país y evitar ‘lagunas’ legales ante posibles abusos.