Presentan un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley que criminaliza la homosexualidad

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Yoweri MuseveniUn grupo de ciudadanos ugandeses que se oponen a la ley que regula la homosexualidad –que incluye sentencias a cadena perpetua para aquellos que ‘reincidan’– han presentado este lunes un recurso de inconstitucionalidad en el que alegan que la normativa viola derechos fundamentales.

   La ley contra la homosexualidad, ratificada en febrero por el presidente ugandés, Yoweri Museveni, incluye condenas a cadena perpetua para los acusados de «homosexualidad agravada», mientras que «ayudar o inducir a la homosexualidad» se castiga con penas de hasta siete años de prisión.

Varios activistas han criticado que esta normativa infringe los derechos fundamentales de privacidad, no discriminación y libertad, además de la protección contra tratos inhumanos o crueles.

«Esta ley no sólo representa un esfuerzo por parte del Ejecutivo y el Parlamento para utilizar de cabeza de turco a una minoría impopular para obtener una victoria política, sino que consideramos que también viola la ley suprema de nuestro país», ha afirmado el periodista Andrew Mwenda, uno de los ugandeses que han presentado la solicitud ante el Constitucional.

 

La normativa ugandesa establece que tras recibir la petición constitucional, el tribunal deberá establecer una fecha de audiencia. Sin embargo, los casos judiciales complejos del país pueden tardar años en resolverse.

ORDEN CONTRA PUBLICACIONES

El grupo de solicitantes, formado por ocho ciudadanos ugandeses y dos organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, también ha solicitado una «orden judicial permanente» que impida a los medios de comunicación publicar el nombre, dirección y fotografías de supuestos homosexuales.

El diario ugandés ‘Red Pepper’ ha publicado los datos de centenares de ugandeses supuestamente homosexuales. Un día después de la ratificación de la normativa publicó una lista con los ‘200 homosexuales principales de Uganda’.

A raíz de este tipo de publicaciones, numerosas organizaciones de defensa de Derechos Humanos han denunciado que varias de las personas incluidas en estas listas han sido maltratadas, amenazadas o han sufrido chantaje.