Marruecos investigará casos de tortura pero castigará las falsas alegaciones

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torturaEl gobierno marroquí se compromete a investigar y castigar actos de tortura o malos tratos cuando así se demuestren, pero advierte que penalizará de igual modo «las falsas alegaciones» al respecto.

En un comunicado del ministerio de Justicia entregado a la agencia oficial MAP, el titular Mustafa Ramid anuncia por un lado que «tomará todas las medidas necesarias contra toda persona que se demuestre ha estado implicada o ha participado en un acto de tortura o práctica inhumana».

Acto seguido, Ramid advierte de que adoptará «todas las medidas jurídicas necesarias contra cualquier falsa alegación o intento de ofensa a la reputación de personas e instituciones nacionales».

En cualquier caso, el ministerio se compromete a informar a la opinión pública de las conclusiones de sus investigaciones sobre estos casos.

La práctica de la tortura está en el centro del debate sobre el respeto a los derechos humanos en Marruecos: mientras que organismos internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch la consideran sistemática en las comisarías, el gobierno asegura que no es una política de Estado, sino rémora de «malos hábitos».

La Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, Navi Pillay, que visitó Rabat el pasado mayo, subrayó en su informe preliminar la «inquietud sobre el uso de la tortura y los malos tratos, así como la admisibilidad en los tribunales de las confesiones extraídas bajo tortura».

En ese mismo informe, aseguró que el rey Mohamed VI le dijo que «no puede tolerar la tortura, aunque no pueda excluir que existan casos aislados».

 El actual gobierno, encabezado por el islamista Partido Justicia y Desarrollo (PJD), ha «contraatacado» a quienes lo acusan de tortura denunciando a su vez a los denunciantes.

El pasado lunes, el ministerio del Interior marroquí confirmó que ha denunciado a tres ciudadanos (uno de ellos con doble nacionalidad franco-marroquí) y a la organización francesa Cristianos por la abolición de la tortura por «denuncia calumniosa, ultraje a las autoridades, dolo y difamación pública».