Mali y Francia: entre decisiones políticas, la opción militar

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Por Julio Morejón

La reciente decisión francesa de enviar 600 soldados a la región africana del Sahel, donde tiene unos cuatro mil 500, expresa la prioridad de la Unión Europea (UE) respecto a esa zona considerada foco del terrorismo.

Para el Viejo Continente, la eclosión del radicalismo es una amenaza en su frontera sur y como tal debe enfrentar esa situación a fin de evitar que se debilite su seguridad, aunque cada vez que se aborda el asunto la primera opción sugerida deriva en reforzar la presencia militar y la otra bastante lejos sería resolver los problemas del desarrollo.

La ‘guerra global contra el terrorismo’ reforzada por Estados Unidos y sus aliados en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) tras el 11 de septiembre de 2001, concede prioridad al factor violencia y reduce toda respuesta para una zona que atraviesa por una compleja situación humanitaria.

En el caso del escenario saheliano el puño no acaba de rendir todo lo que espera la UE y los países africanos que coinciden con el criterio de emplear a fondo la fuerza para neutralizar a los grupos armados que atacan a actores subregionales como Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger y Chad, asociados en el grupo G5-Sahel.

Desde 2011 cuando Francia lanzó contra Libia la operación Harmattan, para destruir al gobierno de Muamar el Gadafi, lo cual impulsó al levantamiento armado tuareg en el norte de Mali, le sucedieron la Serval en 2013 y la Sangaris en la República Centroafricana y desde 2014 se realiza la Barkhane con carácter antiterrorista.

Al referirse al estado de la situación subregional ante Naciones Unidas, su principal funcionario en África occidental, Mohamed Ibn Chambas, declaró que desde 2016 el número de ataques terroristas en Níger, Mali y Burkina Faso se multiplicó por cinco, con más de cuatro mil muertos.

La detención del radicalismo en la considerada zona de las tres fronteras- entre Mali, Burkina Faso y Níger- es una necesidad urgente ante la expansión desaforada de esas formaciones que parafraseando al Consejo de Seguridad de la ONU portan ‘la creciente ambición’ de desmontar Estados en el Sahel y África occidental.

El mapa de las áreas donde opera la mayoría de esas agrupaciones y ejecutan su reclutamiento coincide con las regiones más pobres y subdesarrolladas; los grupos extremistas explotan la pobreza y las secuelas que causa para engrosar sus filas entre las comunidades.

Asimismo, se percibe que el paradigma del integrismo tiene fuentes religiosas y étnicas de las cuales se nutre, con el conocimiento indispensable para insertarse en esos grupos humanos tanto con una retórica amigable como con promesas de mejoramiento económico individual y colectivo.

Esos instrumentos abren espacios para la pervivencia de un modo violento de reaccionar ante un largo proceso de frustración social en dicho escenario hostil, que sin conceder total legitimidad al fanatismo descarriado, crea condiciones para que el extremismo se enraíce.

En la subregión sahelo-sahariana se asiste a una variante de la lucha por el poder: de una parte está Francia y el grupo G5 Sahel, que enfrentan a un movimiento variopinto de destacamentos, los cuales aplican formas no convencionales de guerra y que en los últimos tiempos perfeccionaron sus tácticas.

Los comandos integristas que perpetraban operaciones caracterizadas por emboscadas y siembras de minas terrestres contra las caravanas militares, ahora atacan cuarteles, actúan en formaciones conjuntas fuertemente armadas y aplican planes operativos cada vez mejor confeccionados.

Sin embargo no cosechan grandes victorias como son las claras ocupaciones territoriales, que le posibiliten tener controladas locaciones permanentes donde puedan establecer sus jefaturas, aunque eso parezca demasiado convencional para la operatividad demandada por la guerra irregular.

De hecho, y como en otros casos históricos de insurgencia, los terroristas pierden la batalla y el control de las principales poblaciones ante un enemigo militarmente superior en medios técnicos, pero luego de huir y dispersarse, contraatacan con acciones puntuales que reavivan el conflicto, acota el profesor español Javier Jordán.

Esa evaluación presagia que resta una larga etapa para destruir la conspiración, es decir, las actividades del conjunto de grupos armados y desmontar la red que le sostiene, pero las instituciones afectadas no opinan así, ni admiten mucho menos que esa desarticulación ocurra por degeneración estructural y autofagia.

CAMBIO DE OBJETIVO

‘La prioridad es el Estado Islámico en el Gran Sahara (EIGS)’, dijo el presidente francés, Emmanuel Macron, en una reunión cumbre con los cinco aliados del Sahel, lo cual constituye una reorientación del objetivo a destruir, que hasta 2019 era Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), aunque mover la diana no garantice un tiro certero.

Al planteamiento del mandatario galo se le unió la iniciativa del presidente maliense, Ibrahim Boubacar Keita, al lanzar una operación militar para restablecer la autoridad del Estado en el norte y el centro del país.

Esas son las áreas más golpeadas por agresiones de grupos extremistas. La operación Maliko se desarrollará en dos amplios escenarios, uno en el este (regiones de Gao, Ménaka y Kidal) con mando en la ciudad de Gao, y en el centro (Ségou, Mopti, Tombuctú y Taudénit) con jefatura en Sévaré, la capital de Mopti.

De todas formas, junto con la participación de Mali en esas acciones bélicas se contará con el respaldo de París, pero también de los otros integrantes del G5 Sahel y con seguridad tendrá el visto bueno de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) y de la Unión Africana (UA).

No obstante, aunque el presidente Macron se refirió directamente al EIGS como el principal enemigo, en la subregión fronteriza con el Sahara es importante la existencia de otros destacamentos como el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (GSIM), para muchos expertos la alianza terrorista más peligrosa en el Sahel.

En Mali se probará la viabilidad de la opción militar para garantizar la seguridad en la defensa de toda la subregión semidesértica, pero una solución real deberá abarcar políticas racionales en los asuntos de supervivencia de las comunidades y su desarrollo