Los extranjeros que soliciten la nacionalidad serán examinados por el Instituto Cervantes

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pasaporteLos extranjeros que soliciten la nacionalidad española a partir del 15 de octubre tendrán que someterse a una doble prueba de conocimientos de lengua y cultura y sociedad que será realizada por el Instituto Cervantes y cuyos contenidos se determinarán reglamentariamente a propuesta del Ministerio de Justicia.

Es una de las novedades que contempla la Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil que ha aprobado el Senado sin modificaciones con respecto al texto que recibió del Congreso y que ya está lista para su publicación en el BOE, con la previsión de que entre en vigor el próximo 15 de octubre.

La reforma del procedimiento de adquisición de nacionalidad por residencia fue una promesa del ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón que recuperó su sucesor en el cargo, Rafael Catalá. Inicialmente, se había introducido el cambio mediante una enmienda al proyecto de Ley de reconocimiento de la nacionalidad de los sefardíes, pero durante la tramitación en el Senado la adenda fue eliminada y la norma salió adelante sin ella.

El Grupo Popular decidió mover la regulación propuesta a la ley del Registro Civil, que se encontraba aún en el Congreso, e introdujo una enmienda en forma de Disposición Adicional Séptima que recogía el nuevo diseño del proceso de adquisición de nacionalidad por residencia. En esta ocasión, la Comisión de Justicia del Senado no hizo ningún cambio, pese a las críticas de la oposición, y el Pleno la ha refrendado esta semana con el apoyo exclusivo del Grupo Popular (149 votos).

La nueva ley establece que el procedimiento para concesión de la nacionalidad española será electrónico y su tramitación corresponderá a la Dirección General de los Registros y el Notariado. No altera los requisitos de tiempo de residencia legal y continuada en España que ya impone el Registro Civil (10 años salvo a oriundos de ex colonias, que sólo necesitan dos, o personas como los refugiados, que con cinco pueden acceder).

Establece que «la acreditación del suficiente grado de integración en la sociedad española» que se exige a los solicitantes de la nacionalidad, «requerirá la superación de dos pruebas» que «serán diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes en las condiciones que se establezcan reglamentariamente».

La primera de las pruebas acreditará un conocimiento básico de la lengua española con un «examen para la obtención de un diploma español como lengua extranjera DELE de nivel A2 o superior». Los oriundos de países donde el castellano sea lengua oficial, estarán exentos. En la segunda prueba «se valorará el conocimiento de la Constitución española y de la realidad social y cultural españolas».

En la actualidad, queda al arbitrio de cada juez del Registro Civil evaluar el grado de integración del solicitante en España. Esto ha provocado que se denegara la nacionalidad por cuestiones como no conocer la denominación del estadio del F.C. Barcelona, la pareja sentimental de una folclórica o el nombre de la mujer del presidente del Gobierno, con la consecuente polémica. El objetivo del legislador, en este caso, es uniformar los criterios para poner fin a esta discrecionalidad.

«ARBITRARIO E INJUSTO»

Sin embargo, para el PSOE no está claro que vaya a conseguirlo. Su portavoz en la Comisión de Justicia del Senado, Arcadio Díaz Tejera, incidió durante el debate en que evaluar la integración de un inmigrante con un examen es «arbitrario e injusto» y se consolida con el modelo introducido en la nueva ley.

«En esos dos exámenes, cuatro son las materias: idioma, Constitución, realidad social y realidad cultural de España. Uno puede pensar que parece razonable que se hable un castellano básico o que se conozcan los valores constitucionales. Pero ¿Cómo se van a hacer esas preguntas? Ninguno de los grupos que trabajan en el campo de la inmigración fue consultado sobre la ley. Ninguno. ¿Por qué?», planteó en el Pleno.

A su juicio, «la relevancia de esta disposición final séptima es lo suficientemente compleja como para que este asunto del acceso a la nacionalidad por residencia no se regule en una ley con este título, que nada tiene que ver con este contenido, un contenido que encima plantea esos exámenes de esas cuatro materias».

100 EUROS DE TASA

El trámite tendrá un coste más elevado que en la actualidad. La ley impone una tasa de 100 euros por cursar el expediente, que en la actualidad es gratuito. Según la ley, «constituye el hecho imponible de la tasa la solicitud de iniciación del procedimiento para obtener la nacionalidad española por residencia y estará sujeto a ella el interesado, sin perjuicio de que pueda actuar por representación y con independencia del resultado del procedimiento».

La norma establece que será el Ministerio de Justicia quien cobre estas tasas y articule el modo en que se cobran. También le habilita para «dictar las disposiciones que sean necesarias para la ejecución de lo establecido» en la nueva ley.

Por Real Decreto, además, deberá aprobar «el reglamento por el que se regule el procedimiento electrónico para la obtención de la nacionalidad española por residencia». Aunque el texto no establece plazos en este sentido, sí deja claro que el sistema entrará en vigor el 15 de octubre de este año.