Lavapiés, cuando la venta ambulante se paga con la muerte en España: ¿Un crimen de ser pobre o la ejecución de los condenados a morir?

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¿La muerte de los ciudadanos senegaleses en el barrio madrileño de Lavapiés es el telonero de las praxis discriminatorias y raciales de la política? o bien ¿Son el resultado de la esquizofrenia de una elite política ante su fracaso para sostener el Estado de Bienestar?

La demagogia que envuelve las políticas de inmigración ha acabado imponiendo por doquier un cambio de paradigmas marcado por las aberraciones del “nacionalismo chacha” y del oportunismo ideológico. La ley de extranjería es el perfecto ejemplo de esta confusión lingüístico-narrativa entre la derecha y la izquierda española. Lo cierto es que la inmigración está provocando profundos cambios antropológicos y demográficos en los países receptores con implicaciones en las percepciones y los sentimientos de los ciudadanos hacia las personas inmigradas. Esto tiene dos consecuencias que se desdoblan, se entrelazan y se solapan. Por un lado, las percepciones, opiniones y sentimientos son elementos cruciales a la hora de concebir políticas públicas para el manejo de las cuestiones migratorias que afectan tanto a la diversidad cultural como la promoción del pluralismo étnico-religioso. Por otro lado, las políticas públicas tienen una dimensión social y su éxito o fracaso tienen efectos impactantes en las percepciones y los sentimientos hacia los inmigrantes.

No obstante, en cualquier Estado democrático comprometido con el respecto de los derechos humanos básicos, se anteponen los valores humanísticos ante los sentimientos identitarios, las normas y los procedimientos administrativos. De hecho, la constitución española y los convenios internacionales en materia de derechos humanos (firmados y ratificados por España) suelen servir para revestir lo que Almudena Grande llama “anomalía democrática” de España. Pero esto es otro tema que procuraré no abordar aquí. La burlesca de la autodefinición como estado democrático de derecho se hace patente cuando se adopta una visión sesgada de los valores democráticos y de los derechos humanos. Esto es, cuando una sociedad establece una diferencia entre unos valores que considera propios, ideales y como referentes, sucumbe a la tentación de discriminación y de exclusión de colectivos con identidades antagónicas a la suya. La crisis provocada por la situación de los vendedores ambulantes senegaleses es un claro ejemplo que escenifica esta dicotomía antropológica y sociocultural.

La reflexión que debemos hacer en semejante situación debe centrarse en responder a cuestiones del tipo. ¿Cómo se fabrica la opinión pública para justificar las actuaciones de las instituciones? ¿Deben aplicarse los mismos procedimientos para actuar ante una infracción administrativa y ante un delito contra la salud pública o inclusive un homicidio? ¿Debe una actividad generadora de ingresos ser ilegalizada cuando su ejercicio no supone, per se, violación alguna de los derechos humanos ni atentado al honor y la dignidad humana? Formular las respuestas adecuadas a estas preguntas no parece ser una tarea sencilla y debemos evitar las afirmaciones tautológicas para no reproducir falacias. Sin embargo, después de los sucesos contra los vendedores ambulantes, podríamos avanzar que todo depende de si el beneficiario o la victima pertenece a una comunidad u otra. Esta afirmación axiomática puede ayudarnos a arrojar algo de luz sobre la persecución policial al que está siendo sometido este colectivo y los despliegues policiales para reprimir una actividad comercial catalogada como ilegal. La discriminación y las persecuciones policiales en España contra personas de origen africano se han hecho más palpable a través de la brutalidad que padecen los vendedores ambulantes senegaleses.

La discriminación de un colectivo es consecuencia de un proceso de autodefinición que empieza con la caracterización de un individuo por los atributos naturales, intelectuales y morales que asociamos luego al conjunto del grupo al que pertenece. En una primera fase, nos definimos en base a unos valores que nos diferencian de los demás colectivos y afirmamos tautológicamente la superioridad de dichos valores. Seguidamente construimos un imaginario de los otros colectivos y los asociamos a todo lo que es contrario o antagónico a nosotros y, por lo tanto, los identificamos como posible peligro o amenaza. Este proceso de “auto-invento” y ese imaginario se apoyan en un lenguaje, también inventado, para consolidar y renovar constantemente las fábulas a través de la normativización y la institucionalización de las actuaciones.

Antes de seguir, debo resolver una posible debilidad de este argumento. Soy consciente de las objeciones a la idea de percusión policial. Cualquiera, con el mínimo conocimiento en procedimientos administrativos puede intentar demostrar que esto es una mera especulación y puede afirmar, sin más, que no existe tal persecución de ningún colectivo. Puede defenderse diciendo que se persigue a delincuentes que delinquen porque así lo dice la ley. También puede decir que no importa el lugar de procedencia del perseguido o perseguida y que las persecuciones se realizan por “motivos justificados” o por “infracción cometida”. Otros pueden ir más lejos y afirmar quelas leyes que discriminan en España son las mismas en cualquier democracia europea e inclusive en cualquier país del mundo. He de decir que no pretendo demostrar que se persigue por diversión ni que las leyes que discriminan en España sean menos justas y que son exclusivamente racistas. Esto sería faltar respecto a la condición de la mujer y de los millones de trabajadores que viven en condiciones de extrema pobreza por causa de las políticas injustas. El mero hecho de que exista una sola ley como la de extranjería, que este hecha contra un colectivo determinado, es la prueba de que no estamos construyendo una sociedad justa. Trataré ampliamente este tema en otras ocasiones. Tampoco entraré aquí en valoraciones comparativas entre lo que sucede en España y lo que ocurre en otros Estados europeos, asiáticos o inclusive africanos.

No puedo atreverme con afirmar que todos los policías estén actuando por maldad o de manera premeditada contra los colectivos minoritarios y desfavorecidos. Si bien, como consecuencia del imaginario sobre los otros colectivos, es lógico que un policía no asocie al comerciante ambulante con atributos positivos. Pero me quedaría corto si me limitara a esta posible definición psicológica de los policías. La imagen del negro que las instituciones han transmitido históricamente en la sociedad española es la de mediocridad, violencia, canibalismo, irresponsabilidad, sumisión y de raza inferior. Ser miembro de esta comunidad “racializada” equivale a asumir con resignación su identidad subalterna de “condenado de la tierra” (retomando la teoría de Frantz Fanon). Incluso, dentro de los mismos colectivos, los que consiguen zafarse de este absurdo ideológico se convierten en agentes extraños, aberraciones biológicas, “dandis exóticos”, pedantes o “pieles-negras-mascaras-blancas”. El racismo y la raza están al origen de las masturbaciones intelectuales y la fabulación sobre los colectivos minoritarios, en concreto la figura del negro africano.

Pero el racismo es más que una simple cuestión de esquemas mentales, una burda interpretación biológica de la evolución y una institucionalización del concepto de raza. Según Achille Mbembé, no basta con decir que el racismo o la raza carece de fundamento ni que es el efecto de un proceso de confirmación del poder que modifica, desliza y desplaza la idea de ser humano. Tampoco basta con afirmar que el racismo es un complejo de micro-determinaciones y la mirada internalizada de los otros sobre nosotros y nuestro deseo de ser y existir de manera diferente. El racismo se nutre de la idiosincrasia del Estado nación y de sus instituciones. Para Michel Foucault, el racismo consiste, ante todo, en la posibilidad de introducir una separación o desconexión dentro del espacio de la vida absorbido por el poder. Una desconexión entre los que deben vivir y los que deben morir, en el continuum biológico de la especie humana. Esto es, lejos de desaparecer el racismo se recicla y se transforma en praxis de Estado, único agente legitimado a ejercer la violencia y dar la muerte en cualquier momento, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, de cualquier manera.

Así pues, la brutalidad policial que ha causado la muerte de los vendedores ambulantes en circunstancias similares durante los últimos años es el resultado del racismo institucional y de la distorsionada visión que se tiene de las personas de origen africano. Las instituciones acumulan información y conocimiento acerca de los individuos y de cómo deben priorizar sus actividades e intervenciones de forma adecuada para ciertas situaciones. De este modo generan una cultura que se caracteriza por un conjunto de normas, reglas y rutinas que se incorporan al mapa mental de los agentes. Ante la falta de recursos y la presión de ciertos grupos privilegiados y actores influyentes comúnmente llamados lobbys, los agentes recurren a los códigos institucionalizados, no necesariamente normativizadas, para hacer frente a los problemas. En definitiva, la brutalidad policial contra el colectivo de los vendedores ambulantes senegaleses, causante de la muerte de algunos de ellos representa ese carácter racista de las normativas y por lo tanto de la cultura policial. Este racismo en ocasiones disimulado es difícilmente manejable porque el que lo comete es aquel mismo que tiene la labor de velar para que no se cometa. Es un racismo disimulado, disfrazado y institucionalizado que se nutre del racismo ambiental y clásico que se caracteriza por la interpretación de los estratos sociales, la conservación de los estereotipos, las fabulaciones y la ideologización de los dogmas y el imaginario sobre los otros.

Las practicas propias del racismo disimulado o institucional se perciben a través las leyes y las normativas administrativas promovidas por las instituciones y que van dirigidas expresamente contra los colectivos inmigrantes minoritarios, aquellos colectivos racializados, desplazados a la periferia, aquellos “condenados de la tierra”. El racismo institucional es algo común a todas las sociedades donde impera la autodefinición y un imaginario de los otros y difícilmente podemos identificar el racista del antirracista. De hecho, para declararse antirracista en Europa simplemente hace falta salir a manifestarse por la causa de los negros de Lavapiés y contra el gobierno de turno, quemar unos cuantos contenedores por la causa de los negros, gritar a los cuatro vientos que tienes amigos negros, subir fotos en las redes sociales del negrito que has apadrinado en Etiopia a través de la ONG de tu cuñado, publicar un libro sobre tus viajes por unos cuantos poblados, que llamarás África, para apoyar a una ONG e inclusive decir en tus charlas que has comido con las manos en el mismo plato que tus amigos negros. Esta manera de ser experto de las comunidades minoritarias equivale a ser antirracista. Es justificada por el amor a lo “autentico”, el cariño por lo exótico y el deseo de conservación de lo extraño y antiguo. Esto es, una actitud “patafisica” y una pasión peripatética para poseer todo lo que es ajeno a Europa pero que representa el negro y su mundo africano. De modo que un antirracista convencido puede manifestar tranquilamente su rechazo a los moros y los musulmanes sin tener problemas de consciencia.

Por último, uno puede ser anti-racista porque está en contra de los linchamientos que caracterizaban el racismo de la época moderna o porque se escandaliza ante las imágenes del apartheid y la segregación racial en Estados unidos. Un antirracista puede comprender e inclusive defender la no reglamentación de una actividad de venta ambulante. Pues ello sirve para proteger los intereses de la “gente normal” de toda la vida a pesar de que supone la exclusión de personas pobres, racializadas, desesperadas y condenadas. Lo puede aprobar a pesar de que le resulte difícil justificar que desde su posición está a favor de que todos los seres humanos tengan los misma derechos morales. Esa es la gran contradicción del militantismo antirracista que algunos han llamado “humanismo ecológico”. El “humanismo ecológico” o lo que viene a ser el “humanismo a trincheras” se sostiene a base de slogan, de grandes ideas y relatos sobre la igualdad, pero conserva intactas las relaciones y los equilibrios de poder y la injusticia social. Es una especie de activismo social que pretende rechazar el racismo institucional sin embargo lo acaba reforzando porque asfixia al sujeto que lo padece por causa de su afán de protagonismo y su empeño para demostrar que es él o ella el o la mejor defensor o defensora de la causa de los oprimidos y oprimidas. Pero volveré más detenidamente sobre este tema en otra ocasión.

El problema que resalta de este análisis es que las políticas de reconocimiento de las identidades son concebidas desde una perspectiva liberal y una percepción equivocada de la identidad porque incorpora una discriminación histórica de algunas comunidades. Una posible corrección de esta situación empezaría por la presunción de que todas las culturas son dignas de valores y de juicios a la hora analizar las costumbres y las creaciones de las diferentes comunidades. Seguidamente, se debe incorporar obras, relatos y formas de entender la vida de los colectivos minoritarios dentro de los cánones establecidas reconociendo que no han sido incorporados hasta ahora debido a los perjuicios y el deseo de dominación. En cada sociedad avanzada que se considera democrática, las diferencias culturales nos obligan a incluir dentro del canon clásico las nuevas formas de hacer las cosas que no implique un empeoramiento de la vida de ningún miembro de la comunidad.

Saiba Bayo, Politólogo.
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