La Unión Africana, Burundi y el fantasma del genocidio

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XVI cumbre de la Unión AfricanaPor Antonio Paneque Brizuela 

La Unión Africana (UA) descartó enviar a Burundi, al menos por ahora, una fuerza de paz de cinco mil soldados anunciada en diciembre último pero mantiene extrema atención sobre dicho conflicto interno, que preocupa también al resto del planeta.

Los líderes de los 54 Estados del organismo regional actuaron con guantes de seda durante su cumbre ordinaria de enero pasado y midieron mejor sus pasos en ulteriores y recientes contactos, frente a un diferendo al que parecen aplicar aquello de que «puede ser peor la cura que la enfermedad».

La bien ganada fama de ese país de los Grandes Lagos con antecedentes de holocausto sirvió, paradójicamente, tanto para argumentar hace tres meses la decisión de trasladar tropas al empobrecido país, como para abstenerse ahora de hacerlo, en lo que analistas estiman como una sabia decisión geoestratégica.

El nuevo curso en las determinaciones del organismo, basadas en la creciente secuela de muertes y desplazamientos poblacionales durante choques entre opositores y gubernamentales, fue precipitado además por el riesgo de un virtual conflicto diplomático (y hasta militar) entre la UA y Bujumbura.

Las decisiones panafricanas de intervención en ese país ante el temor nada infundado de que el contencioso derivara en masacres como las de la guerra civil burundesa de hutus y tutsis de 1993 a 2006 con saldo de 300 mil muertos, tuvieron que variar ante el peligro de causar parecidos efectos con el envío de tropas.

«África no permitirá otro genocidio en su territorio», aseguró en un principio el Consejo de Paz y Seguridad (CPS) en un mensaje, ante las estadísticas de 400 muertos y 230 mil desplazados víctimas del conflicto en ese país, uno de los 10 más pobres del mundo y el segundo de PIB per cápita más bajo, después de la República Democrática del Congo.

Pocos pudieron avizorar hace unos meses que despertaría tales sutilezas lo que parecía «un conflicto africano más», tras complicarse el diferendo burundés por el empecinamiento de su presidente, Pierre Nkurunziza, de postularse de modo ilegal para las elecciones de julio de 2015 en las que, medios aparte, salió electo.

Muchos consideraron «histórica» la determinación de la UA, fundada en mayo de 2001 en Etiopía en sustitución de la Organización para la Unidad Africana surgida en 1963, de desplazar a Bujumbura la citada fuerza, bajo el nombre de Misión Africana de Prevención y Protección de Burundi (Maprobu).

La resolución mediante la cual fue creada esa fuerza se acogió, por primera vez, al artículo 4(h) del Acta Constitutiva de la UA, que faculta la intervención del organismo en cualquiera de sus países miembros ante graves circunstancias como genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad.

Curiosamente, durante los debates panafricanos de diciembre en que se trataba el asunto, el gobierno de Burundi ocupaba la presidencia del CPS y dirigentes de la organización se vieron obligados a solicitarles a los representantes de Bujumbura que abandonasen la sala.

REACCIONES DESDE BURUNDI

Lo cierto es que la sola mención de trasladar hacia aquel país al contingente militar causó entre sus gobernantes y parlamentarios una fuerte resistencia, acogidos a elementales derechos de soberanía nacional, y condujo a la UA a cambiar, o al menos postergar, sus planes en ese sentido.

El 21 de diciembre último, a solo cuatro días de que el CPS anunciara el posible traslado a Burundi de los cinco mil efectivos de la llamada misión de estabilización y protección de la población civil, la Asamblea Nacional burundesa rechazó por unanimidad la propuesta de envío de tropas.

Pascal Nyabenda, presidente del Legislativo, cuestionó la decisión del organismo regional bajo el argumento de que, más que aligerar las tensiones en el país, causaría su agravamiento, además de que el envío de esa fuerza «no se justifica en estos momentos».

La reacción del Legislativo contra lo que consideró una violación de la Constitución y de su integridad, precedió durante esa sesión, que reunía por primera vez en su historia a las dos Cámaras, a otra similar, pero algo más belicista, asumida días después por el presidente Nkurunziza.

El primer mandatario, uno de los rebeldes hutus que lucharon durante la guerra civil contra la minoría tutsi, que gobierna el país desde hace dos siglos, rechazó la idea sobre la Maprobu, que sería integrada por militares, policías y civiles, la calificó de «fuerza de invasión y ocupación» y prometió combatirla.

Para aumentar las tensiones, los responsables de la organización continental mantenían por entonces el mismo tono conminatorio que cuando aprobaron la fuerza de paz y concedieron a Bujumbura un plazo de 96 horas para aceptar la operación o enfrentarse al despliegue de la fuerza.

CRISIS QUE ALARMA AL CONTINENTE

Al suscribir la resolución de diciembre sobre el envío de tropas, el CPS pareció responder con justificada celeridad ante los cientos de muertos y hechos sangrientos como el asesinato a tiros en agosto de 2015 del coronel Jean Bikomagu, figura clave del ejército de mayoría tutsi durante la guerra civil.

La iniciativa de crear la Maprobu se tomó tras consultar informes de una misión investigadora enviada por la UA a principios de diciembre a Burundi, que alertó sobre el peligro potencial de un nuevo genocidio, al observar allí graves violaciones de los derechos humanos.

Así, las más recientes noticias informan que continúan los choques armados, ejecuciones, asesinatos y otros actos violentos provocados por la decisión de Nkurunziza de mantenerse en el poder por tercera vez, al ganar en julio último unas elecciones forzadas, contrarias a la Constitución y cuestionadas por todos.

Vecinos de distintas barriadas relatan cómo se escuchan tiroteos en las noches y al amanecer aparecen los cadáveres y se reportan numerosas desapariciones, sobre lo cual responsabilizan tanto a fuerzas de seguridad como a milicias vinculadas al poder, mientras Gobierno y opositores armados se acusan mutuamente.

En medio de la total crisis político-militar que embarga al país desde que Nkurunziza presentó su candidatura en abril de 2015 para su controvertido tercer mandato, al menos dos movimientos rebeldes declararon una guerra abierta contra el gobierno y elevaron los temores de otra guerra civil de origen étnico.

Los líderes del más relevante de esos grupos, integrado por antiguos exsoldados y exoficiales de las Fuerzas Republicanas del Ejército que orquestaron numerosos disturbios y un fallido golpe de Estado en mayo de 2015, prometieron derrocar al Ejecutivo por cualquier vía.

Las autoridades, por su parte, emiten un día declaraciones que garantizan la normalización de la situación y, horas más tarde, prohíben la circulación de motocicletas, uno de los transportes más populares, como ordenaron hace poco bajo el argumento de que se emplean en atentados.

PRESIDENTES EN LUGAR DE SOLDADOS

La alternativa que asumió la UA fue sustituir por jefes de Estado y de Gobierno regionales a los soldados que enviaría a tenor de aquella resolución, así como variar la presunta actividad militar de antes por las negociaciones de esos mandatarios con el gobierno burundés.

La llegada de los líderes aprobados por la UA, Mohamed Ould Abdel Aziz, de Mauritania; Ali Bongo, de Gabón; Macky Sall, de Senegal; Jacob Zuma, de Sudáfrica, y el primer ministro de Etiopía, Hailemariam Desalegn, es esperada en breve en Bujumbura, donde serán recibidos con la imaginable reticencia de sus gobernantes.

Medios de prensa subrayaron que aunque la UA trató de acallar los argumentos burundeses con otros de que el objetivo era frenar la violencia y prevenir masacres a gran escala, sus líderes se percataron de la inoperancia momentánea de la Maprobu y optaron por ese otro recurso protocolar.

Otras fuentes estimaron que al designar la comitiva de mandatarios, los líderes rehuyeron el precedente de trasladar una fuerza militar a un país sin la aprobación de su gobierno y optaron por las gestiones de esa delegación, pero siempre con la idea de convencer a Bujumbura sobre el posible despliegue de una misión de paz.

«Si Burundi acepta, será una fuerza para desarmar a las milicias, proteger a los civiles en cooperación con fuerzas policiales locales y facilitar el trabajo de los observadores de derechos humanos. No hay voluntad de ocupar ni agredir», declaró, conciliador, el comisario de la UA para la paz y la seguridad, Smail Chergui.

En una suerte de respuesta a esas palabras, el canciller burundés, Alain Aimé Nyamitwe, reiteró la suspicacia de su gobierno: «No tengo la impresión de que los jefes de Estado y de gobierno vengan a Bujumbura sólo para conocer la opinión sobre el tema. Todo el mundo está al corriente de nuestra posición contraria a la misión».

Tal vez esas fluctuaciones en los intercambios entre ambas partes fueron las que condujeron al nuevo líder de la UA, el presidente chadiano Idriss Déby Itno, electo en la cumbre de enero, a proponer nuevas estrategias y esfuerzos para abordar las crisis de países en conflicto.

El jefe de Estado rompió también ciertos esquemas oratorios típicos de las cumbres de este y otros organismos, cuando expresó para sellar su discurso frente a sus colegas: «Nos reunimos demasiado, siempre hablamos demasiado, nos escribimos demasiado, pero no actuamos lo suficiente y a veces ni actuamos».

*Periodista de la Redacción África y Medio Oriente de Prensa Latina.