La Fiscalía cree «imprescindible» adoptar medidas en los centros de extranjería

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Fiscalía General del EstadoLa Fiscalía General del Estado considera «imprescindible» adoptar medidas para mejorar la atención sanitaria y la asistencia social de los inmigrantes en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), a los que realizaron 17 inspecciones en 2012.

La Memoria de la Fiscalía referida al pasado año destaca el descenso en el número de inmigrantes alojados en los CIE, en los que han permanecido 11.325 personas, casi un 17 por ciento menos que en el 2011.

En dichos centros los fiscales delegados de extranjería han realizado hasta un total de 17 inspecciones que han permitido conocer las incidencias ocurridas a lo largo del año pasado.

Tras estas visitas, ha quedado palpable que «es imprescindible adoptar las medidas adecuadas para mejorar la atención sanitaria y la asistencia social de los internos», indica la Fiscalía que comparte «sin matices» las deficiencias denunciadas por la Oficina del Defensor del Pueblo.

La Fiscalía valora el desmantelamiento del CIE de Málaga, así como las reformas llevadas a cabo en los de Algeciras y Madrid, pero critica el cierre de la sección de mujeres del centro de Murcia y los incidentes ocurridos en algunos de ellos.

En este sentido, la Memoria añade que uno de los sucesos más graves se produjo en el CIE de Algeciras, donde se detectaron dos casos de fugas, ambos en octubre, además de incidentes con destrozos, así como el de Barcelona donde falleció un interno en enero de 2012, aunque la causa se archivó al tratarse de una muerte por causas naturales.

En relación con las personas que llegan en patera a las costas españolas, la Fiscalía señala que han sido 498, cuadruplicando la cifra de 2011 (122), y de las cuales 51 eran menores y tres mujeres embarazadas.

Insiste, además, en la escasa «consistencia y seguridad» de las pateras, cayucos y otras embarcaciones que utilizan los ciudadanos magrebíes y subsaharianos para introducirse en la Unión Europea.

De igual forma, la pretensión de introducir en España a ciudadanos extranjeros ocultos en vehículos a motor -a veces en habitáculos o circunstancias peligrosas- también ha dado lugar a un aumento significativo de calificaciones (de 12 a 33), acusados (de 19 a 44) y víctimas (de 21 a 34).

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