Kenia niega que esté obstaculizando el trabajo del TPI en el juicio contra Kenyatta

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Githu MuigaiEl fiscal general de Kenia, Githu Muigai, ha negado que el Gobierno esté obstruyendo la investigación del caso del Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el presidente, Uhuru Kenyatta, por crímenes contra la humanidad cometidos durante la ola de violencia que siguió a las elecciones de 2007.

   Los fiscales del TPI han acusado al Ejecutivo keniano de obstaculizar el acceso a información de cuentas bancarias y llamadas telefónicas, esenciales según el tribunal para garantizar la condena de delitos contra la humanidad.

Este caso se ha convertido en una prueba de la autoridad y credibilidad del tribunal, que ha visto cómo varios de sus casos no han prosperado y sólo ha dictaminado una condena en once años.

Además, el juicio ha puesto de manifiesto la división en la comunidad internacional, entre los países que respaldan al tribunal y los aliados del país africano, que han lanzado una ofensiva diplomática para conseguir cancelar o aplazar el juicio, de cara a las elecciones presidenciales del año que viene.

En su intervención durante un encuentro que tenía como objetivo decidir si Kenia ha incumplido su obligación con la corte, Miugai ha explicado que las solicitudes de los fiscales del TPI para acceder a los registros bancarios de Kenia no ha sido correctamente cumplimentada.

Por ello, el fiscal general ha indicado que el Gobierno keniano no tuvo otra elección que rechazar la solicitud del TPI. «Los fiscales no pueden invocar poderes que no tienen», ha afirmado Muigai. El fiscal ha subrayado que Kenya sólo romperá la privacidad del presidente si el TPI obtiene una orden de los jueces del Gobierno competentes para hacerlo.

Hace una semana los fiscales del TPI afirmaron que el acceso del tribunal a los registros bancarios de Kenyatta constituía su última esperanza de procesar con éxito al político, ya que les permitiría comprobar si el mandatario pagó indirectamente grandes sumas de dinero para orquestar la ola de violencia, que provocó la muerte de unas 1.200 personas.

En sus documentos, los fiscales han hecho referencia al «clima de miedo» que ha provocado que varios testigos se hayan negado a testificar en contra del presidente. Además el juicio ha sido aplazado cuatro veces.