Chamisa y su equipo de abogados presentaron el 10 de agosto una petición a la corte para anular el resultado de los comicios, sobre la base de supuestas irregularidades en el conteo y de contubernio de la Comisión Electoral con el gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico (Zanu-PF) que lidera Mnangagwa.
Las pruebas presentadas ante nueve jueces encabezados por el presidente del Tribunal Supremo, Luke Malaba, no convencieron debido a que el caso de los demandantes estuvo sustentado por evidencias de segunda instancia y no las que se requerían para demostrar el supuesto fraude, según explicaron los integrantes de ese cuerpo judicial.
Para sustentar sus reclamos, Chamisa debía haber solicitado en un plazo de 48 horas la revisión de las urnas ante la presencia de observadores, un paso establecido por la legislación que ignoró.
El dictamen ayer de la Corte, que es inapelable, puso fin a la aspiración del dirigente del MCD de convertirse en el nuevo Presidente de Zimbabwe.
Aunque esa alianza informó ayer que respetaría la decisión unánime del tribunal, más tarde dio a conocer que comenzaría una serie de acciones para denunciar lo que calificó de ‘robo electoral del siglo’.
Analistas en esta capital expresaron preocupación por esos pronunciamientos que podrían provocar un malestar en un país que requiere de tranquilidad y cohesión para salir de una profunda crisis económica y social vigente desde inicios de siglo.
Sanciones de Estados Unidos y Europa, junto con corrupción dentro del gobierno del veterano líder independentista Robert Mugabe, condujeron a Zimbabwe a una situación económica desesperada, a pesar de la riqueza de recursos minerales y naturales con que cuenta esta nación de África Austral.