Grupo de trabajo de la ONU pide a Marruecos modificar su ley antiterrorista

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El grupo de trabajo de la ONUEl grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias pidió a Marruecos modificar su ley antiterrorista para que las acusaciones sean más precisas y se instaure un procedimiento que garantice un proceso justo.

Durante una rueda de prensa en Rabat tras la visita de diez días que el grupo ha efectuado a Marruecos, uno de sus miembros, el senegalés El Hadji Malick Sow, afirmó que una de sus preocupaciones es la ley antiterrorista vigente en este país tras los atentados de Casablanca en 2003, en los que murieron 45 personas.

«Pensamos que esta ley debe ser modificada para que las incriminaciones sean más precisas, se reduzca la duración de las custodias policiales y se instaure un procedimiento que garantice los proceso justos», señaló.

La normativa antiterrorista aprobada por el Parlamento marroquí dos semanas después de aquellos ataques permite que una persona permanezca detenida hasta doce días sin asistencia jurídica.

«La ley antiterrorista adoptada tras los atentados de Casablanca en 2003, y que todavía está en vigor, supone el marco legal de numerosas violaciones de derechos humanos«, alertó en un comunicado Mads Andenas, presidente del grupo y ausente en la conferencia de prensa.

Por otra parte, la delegación destacó la «considerable importancia» que se da a las confesiones durante las investigaciones preliminares.

«El grupo de trabajo ha sido informado durante sus entrevistas con los detenidos de que las confesiones obtenidas bajo tortura constituyen en la mayoría de casos los fundamentos de las condenas», indicó Malick Sow.

Subrayó que «las confesiones realizadas sin la presencia de un abogado y en ausencia de toda garantía jurídica no pueden ser admitidas como prueba en el proceso penal, sobre todo si han sido obtenidas en el momento de la detención preventiva».

El grupo de trabajo también se mostró preocupado por el acceso limitado a un abogado, el uso sistemático de la detención preventiva, el arresto de inmigrantes y de demandantes de asilo, los menores con problemas con la ley y las irregularidades registradas durante la custodia policial.

En el comunicado distribuido tras la conferencia, el chileno Roberto Garretón se refirió a «la amplia competencia otorgada al tribunal militar que puede juzgar a civiles en ciertas circunstancias» y explicó que «debería limitarse únicamente a juzgar a los militares y los delitos exclusivamente militares».

La delegación, que fue invitada por el Gobierno de Marruecos y que presentará su informe final en septiembre de 2014, ha visitado doce centros de privación de libertad en Rabat, Casablanca, Tánger y El Aaiún(Sahara Occidental).

El grupo se ha entrevistado también con representantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos, miembros de la sociedad civil y de Naciones Unidas y autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Malick Sow comentó que durante la visita han tenido «un acceso sin restricciones a todos los lugares de privación de libertad y se han realizado entrevistas estrictamente confidenciales».

«Hemos discutido con los detenidos que hemos elegido y hablado en intimidad», reiteró, para añadir que han constatado «un esfuerzo en la consolidación de los derechos humanos en Marruecos».