Gobierno español justifica devolución de migrantes a Marruecos

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Ante las críticas de numerosas organizaciones no gubernamentales, el Gobierno español justificó hoy la decisión de retornar a Marruecos a 116 migrantes africanos que el miércoles ingresaron de manera irregular.
Un total de 116 indocumentados entraron ese día a España tras lograr brincar la elevada valla que separa Marruecos de la ciudad autónoma de Ceuta, uno de los dos enclaves de esta nación ibérica en el norte de África.

‘Lo que se produjo el otro día en la frontera de Ceuta es inaceptable, las condiciones de violencia y de riesgo para nuestros cuerpos de seguridad son inaceptables’, afirmó este viernes en rueda de prensa la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo.

La vicemandataria aludió a los siete agentes de la Guardia Civil que resultaron heridos durante el asalto masivo a la doble alambrada de seis metros de altura, ubicada entre la localidad española y la nación del Magreb.

Según denunció entonces la institución armada, siete de sus uniformados sufrieron lesiones porque los migrantes les lanzaron recipientes de plástico con cal viva y excrementos, entre otros elementos, para poder ejecutar el salto.

‘No vamos a consentir una situación como ésa. No es aceptable entrar en nuestro país de una manera irregular y violenta’, remarcó la vicepresidenta del Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez.

Calvo aseguró que el Gobierno cumplió en todo momento con la legalidad internacional y nacional al devolver la víspera este grupo a Marruecos, lo cual, subrayó, se hizo en virtud de un convenio bilateral de 1992 utilizado en otras ocasiones.

Los procesos de devolución se realizaron ‘con todas las garantías propias de un Estado de derecho’, tras analizar uno a uno la situación jurídica de los subsaharianos, remarcó.

Además, defendió que la administración socialdemócrata no se movió ni un ápice de los principios de su política migratoria, fundamentada en el respeto a los derechos humanos y en garantizar la seguridad en las fronteras, zanjó.

Para numerosas organizaciones no gubernamentales, la celeridad con que se hizo la operación, en apenas 24 horas, impidió que se cumplieran las garantías y derechos de esas personas.