El sistema federal etíope paga el precio de su ‘pecado original’

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La posibilidad de un referendo que evalúe la voluntad popular sobre formar nuevos estados en Etiopía aviva la polémica en torno a la pertinencia de la iniciativa en momentos aún delicados políticamente para el país.
Varias comunidades étnicas ubicadas en la región de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur (SNNP) están clamando separarse y establecer su propio distrito usando la cláusula bajo el Artículo 47 (2) de la actual Constitución.

Los consejos zonales de los grupos Guraghe, Sidama, Kaffa y Gamo, entre otros, decidieron por unanimidad escindirse del SNNP y, hasta ahora, las autoridades locales resolvieron afirmativamente el caso Sidama.

En consecuencia, se espera que el Parlamento y la Junta Nacional Electoral organicen una votación al respecto, aunque la confirmación de ello no se ha hecho pública todavía.

Si la mayoría apoya la resolución, que es el caso más probable, el área de Sidama será, automáticamente, un nuevo miembro de la federación, compuesta hasta ahora por nueve estados.

No obstante, la demanda no se limita a las cuatro comunidades citadas anteriormente ni al SNNP; otras etnias, como son los Agews en la región de Amhara, también están en movidas similares.

El reclamo no debería ser una sorpresa, en opinión de analistas, ya que se basa en un principio constitucionalmente arraigado que le da ese derecho e incluso les podría llevar a establecer una nación independiente.

Si el principio es llevado a una conclusión lógica, Etiopía puede tener hasta 80 estados.

Ante esas posibilidades latentes, los observadores destacan que el territorio nacional está actualmente en un período de transición iniciado en abril con la llegada al poder del primer ministro, Abiy Ahmed.

Si esa transformación se lleva a cabo con cuidado, puede conducirnos a una mejora democrática sin precedentes, poniendo la unidad y la estabilidad en un terreno estable, aseguró a Prensa Latina el investigador Alemayehu Kassa.

Sin embargo, puntualizó, los cambios enfrentan enormes desafíos que tienen el potencial de descarrilarlos, siendo el más serio las disputas fronterizas intraestatales y entre estados.

Los diferendos entre los de Amhara y Tigray ponen el riesgo activo de una guerra civil, a consideración de Kassa.

En tanto, los enfrentamientos entre los de la región somalí y Oromia han sido la causa de la muerte y el desplazamiento de cientos de miles de nuestros ciudadanos, subrayó.

No se espera que el establecimiento de nuevos estados sea un viaje fácil. Es probable que complique los desafíos ya existentes y cause confrontaciones innecesarias e incluso conflictos entre diferentes grupos, puntualizó.

A su vez -agregó-, es probable que esto distraiga al gobierno federal (el Primer Ministro) de perseguir la agenda de transformación, consumida por esos problemas.

Para el comentarista Yonatan Fessha, el hecho de que el sistema federal busque administrar la diversidad étnica de los etíopes es comprensible e incluso inevitable.

Pero el principio que apunta a otorgar a cada agrupación las libertades antes mencionadas fue el ‘pecado original’ de la variante de construcción nacional asumida, manifestó Fessha.

La aplicación estricta de este apartado es casi imposible pues cada una de las aproximadamente 80 etnias no puede establecer estados política, social y económicamente viables.

Sin embargo, el artículo crea expectativas irrazonables en cada comunidad, numéricamente infinitesimal. La transformación política en el país será incompleta si no aborda este tema, sostuvo.

Al menos debería haber una discusión sobre la relevancia de mantener el principio, aseguró el analista.

Para los expertos, los consejos locales, cuyo mandato ya venció en mayo pasado, deben desistir de aprobar resoluciones en ese sentido y los que ya lo han hecho deberían suspender la implementación al menos hasta después de las próximas elecciones generales en 2020.