El neonazismo residual alemán, en manos del Constitucional

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El Tribunal Constitucional alemán dictará sentencia mañana sobre la demanda de prohibición del Partido Nacional Democrático (NPD), durante décadas el principal aglutinante del neonazismo y ahora relegado por el ímpetu de la nueva derecha radical.

Tres años después de que los «Länder» formalizaran la solicitud de ilegalización de la formación, considerada «heredera ideológica» del nacionalsocialismo de Adolf Hitler, el TC emitirá un veredicto de fuerte impacto político, en pleno auge del populismo derechista.

La demanda de entonces se produjo bajo la conmoción causada por el grupúsculo Clandestinidad Nacionalsocialista (NSU), una célula integrada por tres neonazis que durante diez años asesinaron impunemente a nueve inmigrantes y una agente de la Policía.

Su existencia salió a la luz al matarse en una furgoneta dos de sus miembros, acosados por la policía tras un atraco, a lo que siguió un largo juicio, aún pendiente de sentencia, contra la única superviviente del terceto, Beate Zschäpe.

El caso de NSU evidenció, por un lado, los errores, negligencia o hasta connivencia en el seguimiento de unos neonazis fichados por las fuerzas de seguridad como tales, así como las conexiones entre el trío y el NPD.

El Bundesrat -cámara de representación territorial- optó por presentar una nueva demanda de ilegalización, diez años después de fracasar una primera petición, entonces respaldada también por el Gobierno federal y el Bundestag -la Cámara baja-.

El TC, único estamento legitimado en Alemania para ilegalizar un partido político, había desestimado en 2003 esa primera solicitud al establecerse que estaba fundamentada en datos de infiltrados o confidentes, que a su vez eran agitadores del NPD.

Diez años después, los «Länder» acudieron al TC, teóricamente con nuevo material inculpatorio, pero sin el respaldo del Ejecutivo de la canciller Angela Merkel ni del Bundestag, escarmentados por la derrota.

El listón impuesto por el TC para la prohibición de un partido es alto: en toda la historia de la República Federal de Alemania solo se ilegalizó, en los años cincuenta, a la formación sucesora del partido nazi y al Partido Comunista.

No basta con demostrar que el NPD defiende posiciones anticonstitucionales, racistas y antisemitas o que entre sus canales de propaganda proponga la «repatriación» de entre ocho y once millones de ciudadanos «de origen no germánico».

Debe probarse que pretende socavar el orden democrático y que es un peligro para éste, lo que implica tener cierta capacidad operativa.

El principal escollo para demostrar esto último es la fragilidad actual del NPD, una formación que ha perdido en diez años un tercio de su militancia -tiene apenas 5.000 miembros- y todos los escaños que tuvo en cámaras regionales.

Obtiene resultados residuales -un 1,3 %, a escala nacional- y nunca tuvo un horizonte parlamentario sólido como el que vislumbra ahora Alternativa para Alemania (AfD), con escaños ya en diez cámaras regionales y a la que los sondeos pronostican hasta un 15 % para las generales del próximo septiembre.

A diferencia de esa nueva derecha radical, lo que hace temible al NPD no es su potencial electoral, sino sus actividades semiclandestinas, agresiones, acciones de hostigamiento o amenazas a políticos -especialmente en sus feudos del este del país- o ataques xenófobos, sea a centros de refugiados o a los propios asilados.

La nueva iniciativa para ilegalizar al NPD tiene poco que ver con un intento de ahogarlo electoralmente, sino más bien con enviar una señal política y cerrar la financiación pública a un partido que recibe 1,4 millones de euros anuales del Estado debido mayormente a sus 340 concejales en distintos puntos del país.

Una mayoría de los ciudadanos -un 58 %, según un sondeo difundido estos días- apoya la ilegalización del partido, frente a un 15 % que no lo considera anticonstitucional.

Los jueces del TC, con sede en Karlsruhe (oeste), no tienen entre sus cometidos atender a estudios de opinión ni a planteamientos políticos, como demostraron en 2003 al rechazar la demanda entonces compartida por las dos cámaras del Parlamento y el Ejecutivo.