El juez Andreu concluye la investigación de los crímenes a hutus en Ruanda

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Fernando AndreuEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha concluido la investigación contra 40 militares de Ruanda por la muerte de más de cuatro millones de ruandeses en los noventa, la mayoría hutus, y el asesinato de nueve españoles, al no haber más diligencias que practicar y encontrarse los procesados en rebeldía.

En un auto fechado el pasado 23 de septiembre, al que ha tenido acceso, Andreu acuerda dar por concluso el sumario abierto en 2008 a raíz de una querella presentada en 2005 por el Foro Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos contra dirigentes de Ruanda por los asesinatos masivos.

El juez ordenó en 2008 la detención de los 40 militares, entre ellos varios ministros actuales, por los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y terrorismo, aunque las autoridades del país africano no han facilitado su arresto.

Dos de ellos se encuentran en otros países, uno en el Reino Unido con estatuto de diplomático por lo que no se le puede detener, y otro enSudáfrica como refugiado, han explicado fuentes jurídicas.

El juez quería procesar también al actual presidente del país africano,Paul Kagame, pero no pudo porque como jefe de Estado tiene inmunidad de jurisdicción y de ejecución.

España pidió a Ruanda mediante comisión rogatoria las actuaciones que en ese país se podrían haber abierto por estos delitos sin que las autoridades ruandesas hayan contestado, aunque sí han reclamado a su vez las de la Audiencia Nacional con la intención de que el procedimiento se archive en España y continúe en Ruanda.

En vista de que las órdenes de arresto no han dado sus frutos y que no hay más diligencias que practicar, Andreu ha acordado concluir el sumario, que ahora se eleva a la Sala de lo Penal para que decida si archivarlo o se pronuncie sobre la jurisdicción de España en este caso tras la reforma de la justicia universal.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional defiende que España sí es competente para enjuiciar estos hechos porque se trata de terrorismo, un delito tratado con más laxitud por la reforma aprobada en marzo por el Congreso que restringe los casos en los que la justicia española puede conocer de delitos cometidos en el extranjero.

En el auto de procesamiento de los militares, Andreu les acusaba de tomar el poder por la fuerza e instaurar un régimen de «terror» en el país, «realizando horrendos crímenes» contra la población civil, la mayoría refugiados hutus ruandeses y población congolesa, también en su mayor parte pertenecientes a esta etnia.

La estrategia de exterminio, según Andreu, culminó «bajo el pretexto de razones de seguridad, con la invasión y conquista» del Congo.

Entre estos crímenes, Andreu les responsabiliza del asesinato de seis religiosos españoles y de tres cooperantes de Médicos del Mundo, unas muertes que sucedieron entre 1994 y 2000 en los campos de refugiados donde trabajaban.

Este fue el caso del padre Joaquín Vallmajó, apresado por el Ejército Patriótico Ruandés (APR) y cuyo cuerpo aún no ha aparecido, quien había denunciado las matanzas y persecuciones contra los hutus.

El plan de extermino de la cúpula dirigente, miembros de la etnia tutsi, alcanzó también a cuatro misioneros maristas en noviembre de 1996, diez días después de que uno de ellos, el padre Servando, pidiera ayuda para los refugiados a través de la cadena Cope.

Los tres cooperantes de Médicos del Mundo, que trabajaban en el campo de Mugunga y habían sido testigos de varias matanzas, fueron ametrallados el 18 de enero de 1997.

De los testimonios aportados al juez por los 22 testigos se deduce que para asesinar a personas de raza blanca era necesaria una orden de la cúpula militar, como así ocurrió con los cooperantes españoles, cuya muerte se decidió en una reunión de este tipo, de acuerdo con lo que declaró un asistente a esa cita.