El Comité del parlamento sudafricano aprueba el cambios sobre tierras

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El Comité Constitucional del Parlamento sudafricano aprobó realizar cambios en el capítulo 25 de la Carta Magna que permitan la confiscación de tierras en el país sin compensación.
El grupo de diputados adoptó esta jornada su informe final sobre el asunto, que lleva meses bajo consideración y que incluyó audiencias públicas para conocer las opiniones de la población en diversas regiones de esta nación de África Austral.

El reporte fue respaldado por los partidos Congreso Nacional Africano (de gobierno), Luchadores por la Independencia Económica y Movimiento Democrático Unido, mientras se opusieron Alianza Democrática, Congreso del Pueblo y el Frente de Libertad Plus.

La votación en el comité, de acuerdo a lo informado desde la sede del órgano legislativo en Ciudad del Cabo fue de 12 a favor de introducir los cambios y cuatro en contra.

El resultado de ese grupo legislativo será ahora enviado a la Asamblea Nacional y al Consejo Nacional de las Provincias para su consideración.

El vicepresidente de esa comisión, Lewis Nzimande, dijo que seguirán otros proceso y que estará en manos de la Asamblea Nacional establecer las estructuras necesarias que se ocupen del proceso para hacer efectiva la resolución adoptada hoy.

La entrega de tierras ha sido una de las prioridades del presidente Cyril Ramaphosa, quien ha insistido es que ese es un paso que ayudará a crear empleos y a sacar de la pobreza a numerosas familias sudafricanas, además de corregir una injusticia histórica.

Desde la llegada de los colonizadores europeos a Sudáfrica en el siglo XVII los africanos fueron expulsados de sus tierras, mientras el régimen de segregación racial profundizó medidas aprobadas a principios de los años 1900 que permitían arrebatar los terrenos en manos de negros.

Con el triunfo de la democracia en las elecciones de 1994 se esperaba un cambio radical que subsanara ese problema, pero a 24 años los analistas señalan que con una población negra que sobrepasa el 80 por ciento, en este país apenas el cuatro por ciento de ellos posee tierras agrícolas, que en 72 por ciento están en manos de granjeros blancos.

El tema, que ha encontrado gran apoyo en los sectores empobrecidos y rechazo en sectores opositores, ha sido constante preocupación de Ramaphosa desde que asumió el poder en febrero pasado luego de la renuncia de Jacob Zuma.

En julio pasado, Ramaphosa nombró al vicepresidente David Mabuza al frente del Comité Ministerial sobre Reforma Agraria, encargado de coordinar e implementar medidas para la acelerar la redistribución de tierras.

Entre las tareas de ese grupo estarán también la seguridad de la tenencia de terrenos, ofrecer apoyo agrícola y reparar la desigualdad dentro de un amplio programa de redistribución de tierras y desarrollo de la agricultura.

En diversos discursos públicos, el mandatario ha insistido en que esas medidas de entrega de tierras liberarán el potencial económico de Sudáfrica y beneficiarán a su pueblo, en particular a los numerosos desempleados en el sector de la juventud y de las mujeres.