Disenso tripartita sobre mayor presa africana

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Por Manuel Vázquez
El litigio entre Etiopía, Egipto y Sudán sobre la llamada Presa del Gran Renacimiento Etíope (PGRE) cumple este 2018 su séptimo aniversario tras el inicio en 2011 del mayor embalse de su tipo en África y el segundo en el mundo, con 79 000 millones de metros cúbicos para alimentar una hidroeléctrica de 6 000 megavatios de potencia.

La última ronda de negociaciones en diciembre pasado en Addis Abeba reiteró las posiciones de los tres Estados beneficiarios de las aguas del Río Nilo (segundo más largo del planeta con 6 756 kilómetros, 24 menos que el líder mundial Amazonas), cuyo cauce secundario, el Nilo Azul, nacido en la región etíope del Lago Tana, será la principal fuente de abasto del embalse. Tras un impasse de 10 meses en las conversaciones técnicas y sobre otros aspectos estratégicos y de seguridad sobre el uso de esa corriente fluvial, Etiopía mantuvo durante ese diálogo la misma línea de discurso sobre su disposición incondicional a terminar la represa sobre áreas y aguas que considera su patrimonio soberano.

Addis Abeba sostiene que la PGRE, con un costo de 4 000 millones de dólares, no afectará la parte del río que llega a Egipto (unión del Nilo Azul con el Blanco, surgido en los Grandes Lagos).

Insiste en que la presa es necesaria para 60 millones de ciudadanos sin acceso a la electricidad y garantiza que sus recursos hídricos y energéticos beneficiarán también a Sudán, vecino próximo a la obra cuya economía y ecología también dependen del Nilo.

Expertos de la región aseguran que los tres países -cuyo diálogo gubernamental desde 2011 comprendió la creación de un denominado Comité Tripartito para determinar los efectos del proyecto sobre el flujo del preciado líquido hacia Egipto y Jartum- carecen aún de acuerdos o directrices concretos sobre los posibles efectos de la represa.

De otro lado, para Egipto la construcción del embalse etíope representa un serio problema, pues gran parte de su economía, así como la vida de sus 95 millones de habitantes, depende directa o indirectamente del flujo de aguas del Nilo.

Según los acuerdos vigentes, Egipto dispone actualmente de unos 55 500 millones de metros cúbicos por año de esa vía acuática, cifra que El Cairo teme se verá drásticamente disminuida durante el proceso de llenado de la represa, criterio respaldado por la experiencia nacional en la construcción de la represa de Asuán.

Los estudios que pudieran darle o no la razón a Egipto, según la Declaración de Principios firmada en marzo de 2015, deberían culminarse antes de que comience el proceso de llenado de la presa, previsto para este año.

Estos incluyen análisis de gestión del agua y los recursos hidroeléctricos, así como una evaluación del impacto ambiental, social y económico transfronterizo del megaproyecto.

Sin embargo, en noviembre las negociaciones entre Egipto, Etiopia y Sudán se rompieron después de la decimoséptima ronda de conversaciones técnicas que se celebró en El Cairo con la asistencia de los ministros de riego de los tres países.

En un intento por salir del atolladero, en la reunión de Addis Abeba el ministro egipcio de Relaciones Exteriores, Sameh Shoukry, expresó la voluntad de El Cairo de invitar al Banco Mundial a participar como una parte imparcial en las negociaciones, iniciativa que de momento espera por la respuesta oficial de Etiopía y Sudán.

Como la construcción del embalse avanza indetenible, el presidente egipcio, Abdel Fattah El Sisi, recordó a las naciones involucradas en el diferendo que para su país la participación en el uso de las aguas del Nilo constituye ‘una cuestión de vida o muerte’.

El pueblo egipcio puede estar seguro que nadie tocará la parte de las aguas del Nilo que le corresponden, enfatizó en lo que algunos analistas vieron como una no muy velada amenaza a Addis Abeba o a quien ponga en riesgo la seguridad nacional del país.