Diputados angoleños evalúan proyecto de ley libertad religiosa

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Los diputados evalúan el proyecto de ley de libertad de religión, creencia y culto como parte de las jornadas previas a la discusión en sesiones plenarias, pactadas a partir de la semana próxima.

El texto, del que ya se conocen algunos detalles, intenta poner coto a la proliferación de denominaciones religiosas que rayan -en ocasiones- con las sectas, y pretende además adaptar el sector a los preceptos constitucionales y a las convenciones internacionales.

La idea es parar a los que caracterizaron como comerciantes de la fe, al establecer penas de hasta ocho años de cárcel para aquellos que obliguen a los ciudadanos practicar creencias religiosas o le impidan abandonar alguna en particular.

Tal acción se cuenta entre los elementos del proyecto de ley que tendrá el día 21 su votación en la generalidad (primera de dos lecturas).

Igualmente se prohibirá a las confesiones religiosas cobrar bienes, servicios o valores pecuniarios a cambio de promesas o bendiciones, aunque sí permite a las establecidas legalmente en el país solicitar y recibir contribuciones voluntarias de fieles, y de donaciones de personas colectivas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, al abrigo de la ley de mecenato.

El texto, de iniciativa del ejecutivo, busca actualizar la situación en el sector, que vive 18 años sin la inscripción de nuevas denominaciones religiosas.

Para ello, se prevé reducir el número de firmas necesarias para la aprobación de una iglesia, actualmente fijado en 100 mil.

En Angola solo hay 84 iglesias reconocidas, mientras mil 106 actúan ilegalmente, número que podría llegar a cuatro mil, según reconocimiento del director nacional de Asuntos Religiosos Francisco de Castro Maria.

Por otra parte, los parlamentarios realizaron los primeros acercamientos para la adopción del código penal, también el día 21, en el que se propone el establecimiento de pena máxima (25 años) para los que transmitan intencionalmente el VIH/Sida y otras enfermedades de transmisión sexual.

La Asamblea Nacional, que tiene este mes su primera sesión después del receso por el primer año de la cuarta legislatura, también deberá analizar con carácter de urgencia el proyecto legislativo sobre la repatriación coercitiva y pérdida permanente de bienes.

El texto suplirá faltas de la ley de repatriación de capitales (sancionada en mayo pasado), que estableció hasta diciembre el límite para la vuelta voluntaria de capitales salidos ilegalmente del país.

En la agenda de los debates aparece el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para 2019 que contempla gastos e ingresos por valor de 11,2 billones de kwanzas (36 mil 600 millones de dólares al cambio oficial) y un crecimiento de 2,8 por ciento del producto interno bruto, lo que detendría tres años de balance negativo.