Denuncian violaciones contra inmigrantes irregulares en España

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activistas valla fronteriza de MelillaVarios activistas se encadenaron a la valla fronteriza de Melilla, ciudad española en África, para denunciar violaciones de derechos humanos contra quienes intentan ingresar de forma irregular a ese territorio, difundió hoy la prensa regional.

El grupo criticó en particular las llamadas devoluciones en caliente de los inmigrantes que lograr cruzar la valla y son regresados de inmediato a territorio marroquí, sin realizar los procedimientos establecidos para esos casos.

Según el diario El Faro, de Melilla, cuatro jóvenes que se encadenaron a la cerca, acompañados de unos 20 miembros de organizaciones no gubernamentales,leyeron un manifiesto en el que piden una reflexión sobre las injusticias cometidas en la frontera.

Recientemente 16 profesores y catedráticos de las universidades de Málaga, Granada, Complutense, Carlos III, de Educación a Distancia y una magistrada del Tribunal Constitucional emitieron un informe que también denuncia esas devoluciones por ilegales.

El reporte titulado Expulsiones en caliente: Cuando el Estado actúa al margen de la ley rechaza el intento en curso de legalizar el procedimiento, como anunció recientemente el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Alfonso Alonso.

El estudio advierte que modificar la Ley de Extranjería para intentar esa legalización vulneraría la Constitución española, la normativa de la Unión Europea y el derecho internacional, en lo referido al asilo y protección jurídica.

Asimismo define las devoluciones en caliente como la entrega a las autoridades marroquíes de ciudadanos extranjeros interceptados en zona de soberanía española sin seguir el procedimiento legal ni cumplir las garantías internacionales reconocidas.

Precisa que la Ley de Extranjería no contempla la posibilidad de que las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado expulsen a ciudadanos extranjeros bajo su custodia.

Los inmigrantes, aclara, solo pueden ser devueltos si antes son llevados a una comisaría e identificados, se nombra un abogado de oficio, un intérprete, y el subdelegado o delegado del Gobierno firma una resolución para que la Policía Nacional ejecute la devolución.